INFANCIA

Amnistía Internacional denuncia la desprotección ante los videojuegos

Por Alejandra Linares-Rivas2 min

Sociedad04-01-2006

Tres millones de niños juegan a videojuegos, y el 50 por ciento de ellos son títulos recomendaos para mayores de edad. Además, en su promoción se incita a "convertirse en policía y golpear a los detenidos", a "detonar una bomba para asesinar judíos", a atropellar a "todo el que se mueva" o a realizar "mutilaciones y crueldades" mayores, en función del nivel en el que se juegue, según Amnistía Internacional en España.

El informe anual España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego, elaborado por Amnistía Internacional (AI), recoge esta vez la inseguridad de los menores de edad ante los contenidos de los videojuegos. Muchos de ellos incitan a la violencia y a la discriminación de la mujer, y no existe una legislación que proteja al niño frente a ellos. La industria del videojuego incumple, en algunos casos, la legislación dado que ciertos juegos carecen del sello que rige la calificación por edades, exigido por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe). Asimismo, entre los que sí llevan el cuño, raramente se incluye la descripción del contenido del mismo, como por ejemplo, "violencia", "drogas", "sexo o desnudez", o "discriminación", cuando sí aparecen en el videojuego. La autora del informe, Angela Iranzo, subraya que las empresas de videojuegos incumplen su propio código de regulación y que no especifican en el etiquetado la razón por la que un producto es para mayores de 18 años. Además, en los puntos de venta no hay regulación alguna y los videojuegos violentos se encuentran en la sección de juguetería. Iranzo recalca que hay también un vacío legal que permite la descarga de videojuegos con contenidos violentos a través de Internet y la telefonía móvil. El director en España de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, reclama al Gobierno español la creación de una legislación estatal para la salvaguarda de los menores ante los contenidos que videojuegos que "banalizan las violaciones de los Derechos Humanos". Hasta ahora tan sólo existe una normativa en todas las Comunidades Autónomas (excepto Baleares), que carece de reglamento para la aplicación, y el código de autorregulación de la industria, conocido como PEGI (Sistema Paneuropeo de Información sobre Juegos). No obstante, no hay una ley específica de ámbito nacional y, según Beltrán, no se puede dejar "en manos de la voluntariedad de las empresas su cumplimiento, porque los Derechos Humanos no son voluntarios".