Fernando Escobar.- El Rey Don Juan Carlos I, volvió a realizar su habitual mensaje navideño, en el que además de felicitarnos las fiestas, hizo un exhaustivo balance de todos los puntos importantes de la actualidad de la vida de los españoles.
El rey señaló que puesto que "España, ha tenido la estabilidad política que se requiere para seguir asentado las bases de bienestar" y su economía "ha seguido experimentando un crecimiento sostenido" se debería establecer una mayor "Justicia Social".
El Monarca no se olvidó de repasar la actualidad política, refiriéndose concretamente a los enfrentamientos que surgen entre los partidos, de los que dijo que "eran reflejo del pluralismo político inherente al funcionamiento de la democracia y de una sociedad que se forja con ellas su madurez". Del mismo modo, recordó a los políticos que no debían olvidar que los ciudadanos elegían a sus representantes para que fueran "un ejemplo de honestidad y entrega generosa a su tarea ".
En una parte del mensaje, señaló que era necesario dentro de un Estado de Derecho "que la Justicia fuera independiente y eficaz" además de mostrar su confianza absoluta en que "los poderes del Estado eran conscientes de la transcendencia de esta cuestión.
El monarca pidió, en este aspecto, la colaboración de todos los españoles porque "esta noble causa debe ser apoyada por todos, como una forma de contribuir al buen desarrollo de uno de los pilares de la democracia".
El terrorismo, fue un tema que ocupó una parte destacada del discurso tanto en tiempo como en intensidad llegando a decir que "a pesar de que seguiremos sufriendo, hemos dado pasos significativos". Se mostró orgulloso, de igual modo, con la reacción pacífica y serena mostrada por los españoles ante las acciones terroristas manifestándose por todas las ciudades de España en esos momentos de tensión. En este punto, el Rey recibió las críticas del portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, quien dijo que el Rey "no había dado ningún tipo de solución" al problema y que había hecho una visión muy generalizada de él.
También quiso recordar a todas aquellas personas que de una manera voluntaria ayudan a los mas necesitados de esta sociedad, ya que según el Rey, esta actitud, la de hacer mucho sin esperar nada a cambio, debería extenderse al mayor número de personas posibles. [24-12-1997]
Juan Emilio Maíllo.- Los grupos parlamentarios ratificaron la proposición de ley para cambiar algunos puntos del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ley permitiría frenar la impunidad con la que actúa el entorno de ETA en el País Vasco. Esta medida es la primera reacción en materia legislativa que tienen los partidos políticos. La presión social que se produjo tras el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco ha tenido sus primeros frutos.
El diputado del PP Gabriel Cisneros calificó de moderadas las medidas, y rechazó las acusaciones vertidas desde grupos abertzales que afirmaron que estas propuestas eran "pulsiones autoritarias". Cisneros citó que el objetivo final de esta modificación del Código Penal es "fomentar una cultura de paz". Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios mostraron su acuerdo con el diputado popular. Así, Juan Alberto Belloch, portavoz socialista, afirmó que "el espíritu de Ermua necesitaba de una traducción legislativa". Por parte de IU, Rosa Aguilar admitió que esta reforma "responde a la demanda de unidad hecha por la sociedad". Margarita Uría, portavoz del PNV, solicitó al Ejecutivo que "remueva los obstáculos que puedan impedir la aplicación de algunos de sus principios". Los portavoces de Coalición Canaria y de CiU pidieron a la Ministra de Justicia rapidez para hacer realidad el texto ratificado. Los miembros del Grupo Mixto se mostraron contentos por la unidad conseguida, pero afirmaron que darán sus particulares puntos de vista por medio de enmiendas en la tramitación parlamentaria.
Las reformas admitidas a trámite por el Congreso son: prisión de dos a tres años a quienes de forma violenta perturben una manifestación autorizada; se pretende hacer obligatoria la aplicación de juicios rápidos, estos juicios fueron introducidos en 1992 para el enjuiciamiento de delitos castigados con hasta nueve años de prisión y cuyos presuntos autores estén detenidos; se amplía el concepto de delito por amenaza, se castigará con hasta tres años de cárcel a quien amenace a una persona, y también a quien incite públicamente a la comisión de actividades violentas; prisión de seis meses a un año a quien celebre una manifestación previamente prohibida, si con ello perturba el orden constitucional o altera el orden público.
Alberto Escalante.- El juez Baltasar Garzón, encargado de las diligencias previas del caso de la supuesta amnistía fiscal del Gobierno del PSOE, decidió archivar el caso al no encontrar "dato o indicio racional alguno de trato de favor a determinados contribuyentes".
El PP había denunciado amiguismo en la gestión del Gobierno anterior con un perjuicio para la Hacienda Pública de 200.000 millones. Con el archivo del caso, Garzón da por concluida la investigación sin dar la razón a los populares.
Sin embargo, Garzón reconoce "un perjuicio objetivo al erario público" debido, según se desprende de las investigaciones, a "las deficiencias derivadas de la escasez de medios personales, materiales y organizativos y de una legislación oscura que ha permitido la aplicación de un criterio interpretativo rechazado posteriormente por los tribunales". "No cabe, por tanto, hablar de tráfico de influencias, y el hacerlo supone una temeridad que va en descrédito de profesionales que han cumplido con su obligación, dentro de los márgenes establecidos reglamentariamente."
El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, declaró que se confirma lo que venimos diciendo desde hace un año". Además, añadió que espera que "Aznar pida perdón" y que "el estilo de hacer política utilizado hasta ahora sea erradicado". Desde el PP, Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del Gobierno, contestó a las preguntas de los periodistas diciendo únicamente que "la realidad es que 200.000 millones dejaron de ingresarse". Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, criticó la "falta de ética del PSOE" que "todavía no ha dado una explicación a los ciudadanos." Diego López Garrido, secretario federal del PDNI pidió al Ejecutivo que "reconozca su error" porque "se ha pasado de listo". Por el contrario, el diputado de IU, Pedro Antonio Rios arremetió contra Garzón y le calificó de "juez estrella que alumbra poco". Para Rios la resolución "no es un buen ejemplo para los ciudadanos".
Juan Martín.- El presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, ha pedido a Felipe González que tenga muy en cuenta la posibilidad de acceder a la presidencia de Unión Europea, cuando se produzca el fin del mandato del luxemburgués Jacques Santer. El encuentro entre ambos mandatarios fue durante una cena celebrada hace diez días en Barcelona. Parte de la conversación le sonó familiar a González, dado que el ofrecimiento por parte de Pujol para que González aspire a la presidencia de la Comisión europea, ya se lo habia hecho en París, el ex presidente de Comisión Europea Jacques Delors.
Fuentes nacionalistas catalanas reconocían el interés para que González aspire a este puesto de máximo nivel. Según las ejecutivas de CDC y UDC, no ha existido ningún tipo de debate respecto a esta cuestión más bien se ha producido un consenso mutuo y rápido a la hora de adoptar una postura concreta. En ambas cúpulas se señala que previsiblemente no se dará en las próximas décadas la circunstancia de que un político español sea requerido para asumir la presidencia de la Comisión Europea. El asunto viene de lejos y Jordi Pujol esta dispuesto a utilizar toda su influencia en el Comité de las regiones, así como en el Grupo liberal Europeo para que la opción González sea cada vez mayor en los foros europeos. Además, las mismas fuentes, hacen extensivo este apoyo a Unió Democrática de Catalunya y a su líder Josep Duran i Lleida.
Por su parte Felipe González eludió toda clase de información que le afectaba personalmente, según sus portavoces la conversación fue una charla tranquila donde se contrastaron inquietudes sobre España y Europa. Asimismo los portavoces socialistas afirmaron que González expresó al líder catalán, que él no se sentía nacionalista, pero estas mismas fuentes señalaron el deseo de González, de ayudar a Catalunya.
Alberto Escalante.- En el último Consejo de Ministros del año 97 se aprobaron algunas medidas importantes como la devolución del patrimonio incautado tras la guerra civil a los partidos y sindicatos, el envío a las Cortes de la ley anti-minas personales, la privatización de un astillero público o la bajada de las tarifas eléctricas.
El Gobierno acordó devolver a los partidos y sindicatos el patrimonio que les fue incautado por Franco tras la guerra civil. Esta medida era una de las solicitadas por el PNV en su pacto con el PP y una de las más reclamadas en general por todos los afectados. Los partidos y sindicatos disponen del plazo de un año para efectuar sus peticiones y, en el caso de no poder ser restituidos esos bienes se les compensará económicamente. Miguel Ángel Rodríguez afirmó que el Gobierno "ha cumplido con una deuda histórica pendiente con la democracia". Anasagasti reconoció que el Gobierno cumplía así con lo pactado y que el PNV había intentado que tanto UCD como el PSOE, aprobaran esta medida durante sus respectivas etapas en el Gobierno.
Otra decisión del Consejo de Ministros fue la remisión a las Cortes del proyecto de ley de prohibición de las minas antipersonas en un plazo de tres años. Según el ministro de Defensa, Eduardo Serra, "España ha adoptado una disposición radical anticipándose a la obligatoriedad de la última convención aprobada en Otawa" y nos situamos así "a la vanguardia del mundo". La operación, que tendrá un coste de más de 527 millones de pesetas, acabará con 800.000 minas, y únicamente se respetarán las empleadas para la instrucción de las tropas militares. Las ONG´s agrupadas en la campaña "Eliminemos las minas" han calificado el acuerdo de "muy positivo".
El Gobierno autorizó en su Consejo de Ministros, la privatización del astillero público vigués de Hijos de J. Barreras. Los compradores -un grupo de empresas con la naviera Odiel al frente- se comprometen a ampliar el capital en tres meses, a mantener a los empleados y a no dar dividendos en cinco años. El SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) recibirá un total de 750 millones de pesetas por la venta del astillero que deberá renegociar su deuda ,que actualmente es de 2000 millones, y realizar inversiones en tecnología. Los trabajadores anunciaron que mantendrán su lucha para que el acuerdo no se formalice jurídicamente; "nuestras caras no muestran una derrota, sino el cansancio y mucho cabreo" declaró el presidente del comité de empresa, José Iglesias.
Además, la tarifa eléctrica bajará en 1998 un 3.63 % de media según aprobó el Gobierno el viernes. Las pymes obtendrán una rebaja del 5%, mientras que los consumidores particulares tendrán que pagar un 3% menos por la luz en 1998, lo que supone "un ahorro estimado de 18.000 pesetas" según el ministro de Industria Josep Piqué.
Por último, el salario mínimo de los trabajadores subirá de acuerdo con el IPC previsto un 2.1% en 1998, para situarse en 68.040 pesetas. Por primera vez esta cantidad será igual para los menores de edad y para los adultos.
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para evaluar el año de gobierno del PP con diez palabras: "estabilidad, transparencia, diálogo, austeridad, eficacia, progreso y bienestar social, modernización, defensa del interés general, vertebración de España y fortalecimiento del país en la esfera internacional".
La Semana que vivimos - Semana del 22 al 28 de diciembre de 1997
La Semana que vivimos - Semana del 22 al 28 de diciembre de 1997
