Confirma el Tribunal Supremo que pervirtieron los medios al servicio de unos objetivos criminales, que el terrorismo debe perseguirse pero, siempre, desde el respeto a los valores del Estado de Derecho.
La Mesa del Congreso de los Diputados negó entregar al juez instructor del caso del lino, Baltasar Garzón, la documentación de que disponía la comisión parlamentaria que investigaba el caso. Se la entregó a la Fiscalía General del Estado que, sin embargo, no la había solicitado.
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