MALOS TRATOS
Aprobado el anteproyecto de la Ley integral contra la violencia doméstica
Por Berta Barona
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Sociedad04-06-2004
El Consejo de Ministros aprobó el viernes de la semana pasada el anteproyecto de la Ley integral contra la violencia sobre las mujeres, que será remitido a las Cortes antes del 30 de junio. Esta norma tiene como propósito la implicación de todos los poderes públicos en la erradicación de esta lacra.
El anteproyecto recoge como derecho de las mujeres maltratadas la asistencia integral en todos los ámbitos, el social, el jurídico y el laboral. Asimismo, contiene una serie de disposiciones para endurecer las penas e intensificar la vigilancia a los maltratadores. El sistema será controlado desde la secretaría general de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De ella dependerá el Instituto de la Mujer y la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que está en desarrollo. El presupuesto para poner en funcionamiento todos los servicios se estima entre 50 y 80 millones de euros anuales. Uno de los puntos más importantes es la creación de juzgados especializados en violencia doméstica y la formación de jueces y magistrados. Habrá, asimismo, fiscales expertos y secciones especializadas en las fiscalías. Para mejorar el sistema de protección de la víctimas, la Policía Nacional y la Guardia Civil contarán con unidades especiales formadas por un mayor número de profesionales. En cuanto a la asistencia social y laboral, las víctimas podrán recibir atención inmediata en los centros. Además de ayuda psicológica y moral, se les dará formación para encontrar un empleo e incluso recibirán si es preciso ayuda económica para reorientar su vida. A las mujeres mayores de 55 años y con un determinado nivel de renta, se les dará el dinero equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Si tuvieran responsabilidades familiares, la ayuda podría equivaler a 18 meses. En el anteproyecto también se hace mención a la necesidad de inculcar valores de igualdad a los niños en las escuelas y a los contenidos que denigran la imagen femenina en la publicidad, que podrán ser retirados en caso de solicitud de cualquier asociación. Es un plan que implica a todos los integrantes de la sociedad española.