REFORMAS PENALES

El Gobierno, el PP y el PSOE alcanzan el acuerdo que aumentará las penas a 40 años

Por Cristóbal Cabezas1 min

España15-02-2003

Las reformas penales que permitirán el cumplimiento efectivo de las condenas y su elevación hasta un máximo de 40 años para los casos más graves ha sido aprobada por el Consejo de Ministros en proyecto de ley. La modificaciones se estructuran según el Ministerio de Justicia sobre tres ejes, el tercero de los cuales establece las medidas de protección para las víctimas de la violencia doméstica.

Tanto el PP como el PSOE mostraban su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Desde el PSOE, Jesús Caldera aseguró que no hay tacha alguna de inconstitucionalidad ni en los fundamentos y contenidos del proyecto ni en su aplicación y, por el PP, José Antonio Bermúdez de Castro incidió en que «si antes la esperanza de los presos etarras estaba en la negociación política, ahora lo estará en colaborar en que ETA desaparezca». La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) también se felicitaba por el pacto logrado que consiste en que a partir de ahora las víctimas podrán expresar su parecer antes de que un juez decrete beneficios penitenciarios para un terrorista. Según el ministro de Justicia, José María Michavila, con este proyecto de ley, España va a dejar de ser el país de la Unión Europea (UE) en el que más barato salga ser terrorista. Entre las nuevas medidas se encuentra una relacionada con el tercer grado, que niega su acceso a todos los condenados a penas de más de cinco años que no hayan cumplido la mitad de su condena. También esta nueva ley no revocará los plazos ya previstos para la libertad condicional de un etarra ya condenado, pero si se le exigirá el cumplimiento de los nuevos condicionantes para poder beneficiarse de esas medidas. Salvado el escollo del primer «paquete» de reformas penales -las que afectan a terrorismo-, el Gobierno y PSOE tendrán que verse las caras de nuevo ahora respecto al segundo bloque de reformas: la modificación de la prisión provisional, cuyo proyecto ha sido remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes.