FRAUDE

Cárcel para nueve de los 10 implicados en el ¬caso Fórum-Afinsa¬

Por Carmen Jardón1 min

Economía13-05-2006

Nueve de los 10 detenidos por el caso Fórum-Afinsa se encuentran en la cárcel. Ya han empezado a caer los principales responsables de la presunta estafa que podría haber afectado a más de 300.000 ahorradores. Los detenidos defienden la legalidad de sus empresas, mientras que los jueces se mantienen firmes en las acusaciones.

Cinco fueron los responsables de Afinsa detenidos y llamados a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Durante cinco horas y media, los comparecientes (los dos propietarios de Afinsa, Albertino Figueiredo do Nacimiento y Juan Antonio Cano Cuevas, los consejeros Carlos de Figueiredo Escribá y Vicente Marín Peña y el proveedor de sellos Francisco Guijarro) defendieron la viabilidad de la empresa y la posibilidad de devolver las inversiones de los clientes, que se calcula que alcanzan los 1.750 millones de euros. Admitieron que la empresa conllevaba cierto “riesgo”, pero “controlado”. Tras la declaración, Pedraz ha ordenado prisión provisional sin fianza para los cinco detenidos, debido al riesgo de fuga o a que alteren las pruebas, por una presunta estafa a más de 140.000 clientes. Éstos permanecerán en la prisión de Soto del Real hasta que se complete el registro de las sedes y delegaciones de la compañía. Y cuatro son los responsables de Fórum Filatélico que, tras su declaración ante el juez Fernando Grande-Marlaska han sido enviados a prisión. Se trata del presidente de la entidad, Francisco Briones, y de los consejeros Miguel Ángel Hijón, Francisco López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez. Los acusados reconocieron ante el magistrado que los sellos que la empresa vendía estaban sobrevalorados, pero insistieron en que esto nunca supuso un problema para los clientes, ya que la empresa los recompraba y no hacía falta colocarlos en el mercado. Juan Maciá Mercade, consejero de Fórum, es el único que ha salido en libertad provisional tras declarar ante el juez. Grande-Marlaska ha decretado la cárcel para los cuatro ejecutivos por la presunta estafa a más de 200.000 clientes y considera, además, que existe “riesgo de fuga”, en vista de su capacidad económica, su patrimonio y la posibilidad de que destruyan pruebas.