SANIDAD

El Congreso aprueba la ley del tabaco

Por Alfredo L. Zamora2 min

Sociedad15-12-2005

El tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad en España. Más de 50.000 personas mueren al año por el tabaco, lo que supone el 16 por ciento de todas las muertes entre los mayores de 35 años, superando la suma de los fallecidos a causa del sida, el alcohol, los accidentes laborales y el tráfico.

Todo ello alcanza al 31 por ciento de la población, que desde el 1 de enero verá restringidos notablemente los lugares donde pueda fumar. Regular la venta, el suministro, el consumo y la publicidad del tabaco es el objetivo principal de la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. La medida busca implantar una serie de medidas preventivas y de reducción del hábito tabáquico, para conseguir reducir en un cinco por ciento el número de fumadores en los dos próximos años. España se suma así al grupo de países más restrictivos, como Irlanda, Noruega o Italia, cumpliendo la directiva europea y el acuerdo de las Naciones Unidas. Con esta ley se restringe casi a la mitad los puntos de venta de tabaco, reduciéndolos a los estancos y a máquinas expendedoras con autorización administrativa, así como el uso de menores de dieciocho años de dichas máquinas. Además, se prohíbe fumar en centros de trabajo públicos y privados, a no ser que se encuentren en espacios al aire libe; en centros y dependencias de las administraciones públicas y en centros o servicios sanitarios. Se prohíbe fumar en todos los centros docentes y formativos, con independencia de la edad del alumnado y el tipo de enseñanza; en centros deportivos y lugares donde se desarrollen espectáculos públicos; así como en centros culturales, bibliotecas, exposiciones, y museos. Tampoco se podrá fumar en los medios de transporte aéreo, urbano e interurbano, ferroviario y marítimo. Las multas por el incumplimiento de dichas prohibiciones van de 300 a 600.000 euros. En el ámbito publicitario, queda prohibido cualquier patrocinio o publicidad del tabaco en cualquier medio de comunicación y soporte. Las sanciones oscilan entre los 10.000 y los 600.000 euros. Según la ministra de Sanidad, Elena Salgado, "el régimen sancionador es competencia de las comunidades autónomas", pese a que en los espacios laborales, "el primer responsable es el empresario, y luego, las diferentes inspecciones".