SER UNIVERSITARIO
¡Detenciones políticas ilegales!
Por Álvaro Abellán
3 min
Opinión14-05-2006
Las detenciones políticas ilegales pertenecen a ese tipo de acciones que un estado democrático de derecho no se puede permitir bajo ningún concepto. Es algo casi de la misma categoría que el terrorismo de Estado. Ambos casos sólo se han producido, por cierto, en nuestra reciente democracia bajo el signo de gobiernos socialistas. Las detenciones ilegales y el terrorismo de Estado pertenecen a la misma categoría porque ambas acciones se encuadran en el abuso de fuerza o uso ilegítimo de la violencia por parte del poder político. En tiempos de González, el estado de derecho se creyó fiscal, juez y verdugo de presuntos terroristas. En tiempos de Zapatero, el estado de derecho se cree fiscal y juez del principal partido de la oposición. Es verdad que en esta ocasión detiene y no mata; pero también es verdad que, en esta ocasión, no ataca a presuntos etarras, sino a representantes políticos de casi la mitad del pueblo español, y por el mero hecho de serlo. Conviene recordar el contexto de estas detenciones. El 22 de enero de 2005 José Bono se presentó sin previo aviso en la manifestación de la AVT y denunció que fue agredido por varios manifestantes, en contra de las declaraciones de sus propios guardaespaldas. Tres días después, fueron detenidos dos militantes del PP, acusados de agredir a Bono. El inspector jefe de la Brigada de Información de la Policía se negó a practicar las detenciones por considerarlas ilegales, por lo que fue inmediatamente cesado de su cargo. El entonces ministro del Interior, José Alonso, dijo que “la policía hizo lo que tenía que hacer”. Hoy, cuatro meses después, sabemos que no fue así. Sabemos que, según reza la sentencia, las detenciones fueron “arbitrarias” y que “violando la libertad de dos ciudadanos, hicieron daño a la causa de la Justicia y el pluralismo político”. Conviene recordar que el pluralismo político es uno de los valores sagrados sobre los que se asienta nuestra Constitución; y lo es precisamente porque nuestra historia reciente nos enseña lo perverso de la persecución política. El ministro Alonso debe de pensar que sólo es lamentable la persecución de un bando y que, cuando se detiene ilegalmente a militantes del PP, la policía hace bien. Además de la dimisión de Alonso, ministro responsable de una persecución política propia de regímenes dictatoriales, convendría acordarnos del valiente inspector de Policía que se negó a practicar las detenciones, si no para otorgarle una medalla por aparecer Solo ante el peligro frente a la dictadura del Ministerio del Interior, al menos para restituirle en su cargo. Pero la dimisión de Alonso que piden los populares sabe a bien poco, porque un gobierno que ha detenido ilegalmente a militantes del principal partido de la oposición no es ya un gobierno legítimo, ni merece la confianza de seguir ocupándose de los asuntos de todos los ciudadanos. El problema de la era ZP no es ya el de un gobierno de falsos diálogos que da la espalda al pueblo; sino el de un gobierno que atenta gravemente contra los valores fundamentales de la Constitución y contra el propio pueblo.
