El agujero de Gescartera se ensancha hasta los 17.000 millones de pesetas

Por Gema Diego2 min

Economía27-07-2001

El caso Gescartera se complica cada vez más. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios se ve obligada a bucear entre complicadas relaciones de parentesco y amistad para esclarecer el destino de 17.000 millones de pesetas, los ahorros de unos 2.000 inversores.

Gescartera no era ningún modelo de solvencia cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó su transformación en agencia de valores en julio de 2000. Sin embargo, la CNMV hizo caso omiso a esta situación y le concedió el status que pedía. El escándalo desatado por sus actividades irregulares ha propiciado que el Gobierno cree un depósito de seguridad para proteger a los pequeños inversores frente a casos como éste. Desde que se descubriera el fraude, sólo el propietario de Gescartera, Antonio Rafael Camacho, ha ingresado en prisión. Mientras, la juez Palacios ha impuesto medidas cautelares al apoderado José María Ruiz de la Serna, y ha dejado en libertad sin cargos al cantante Jaime Morey y a su hija Laura García Morey, novia de Camacho. Jaime Morey fue director general de Gescartera Holding 2000 durante dos meses, y su hija Laura administraba dos sociedades de Camacho ajenas a Gescartera. Por otra parte, el propietario de la empresa Asesoría de Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, también se ha visto implicado en el caso. Sardón consiguió captar unos 3.000 millones de pesetas para Gescartera pertenecientes a la Mutua del Cuerpo Nacional de Policía, a Construcciones Rico y a unos 200 particulares. Él aclara que no era consciente de que el dinero estuviera mal administrado. Pero la policía ha demostrado que Sardón los engañó con certificados falsos. Entre tanto, el número de afectados por el fraude crece día tras día. A los clientes de Sardón hay que sumar la asociación de huérfanos de la Guardia Civil, el obispado de Astorga, la vallisoletana Fundación Emilio Álvarez, una congregación religiosa y las ONG Manos Unidas y Médicos Mundi. Además, también han perdido sus ahorros unos 600 particulares que se han querellado a través de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).