REFORMA DE LA JUSTICIA

El Gobierno quiere que los tribunales autonómicos sean la última instancia

Por Raúl Romero2 min

España30-05-2004

Tras seis largas horas de comparecencia en la Comisión de Justicia del Parlamento, el ministro López Aguilar anunció un ambicioso plan de reformas para modernizar la justicia española. Desde la agilización en los procesos de divorcio hasta el matrimonio entre homosexuales son las medidas que el titular de Justicia pretende llevar a cabo. Una justicia más europea, al estilo de la vecina Francia ó Alemania. Un paquete de medidas que sólo serán aprobadas, ha dicho el ministro, por consenso.

“Debemos adecuar España a la idea de la Constitución”, argumentó el ministro en su primera comparecencia en el Congreso, para exponer las líneas básicas de su mandato. Uno de los armazones de esa adecuación, avanzó López Aguilar, es la organización judicial, y como las comunidades autónomas “son Estado”, definió, deben tener en su seno la “última instancia” judicial. Así, el ciudadano no deberá llegar al TS, sino que todo se resolverá en su comunidad. El Gobierno apuesta por que los tribunales superiores de justicia autonómicos sean la última instancia judicial y reformar el Tribunal Supremo (TS) para que asuma sólo la unificación de doctrina, esto es, que la ley que se aplica a un vecino de Estepona tenga el mismo efecto que la que recae sobre uno de Oviedo. El Gobierno se plantea una reforma que otorgará al fiscal la iniciativa en la investigación criminal, como sucede en países de cultura jurídica cercana y como se ha experimentado desde el año 2000 en la jurisdicción de menores. En este sentido, el juez quedaría como “garantía” de derechos y libertades. Esta reforma tendría un calado sin precedentes en la historia judicial española. Para acometerla, López Aguilar prometió la creación de 600 nuevas plazas de fiscal en esta legislatura. López Aguilar también anunció la prohibición de que el Gobierno pueda dar instrucciones sobre asuntos concretos al fiscal general del Estado, cargo que desde hace cuatro semanas ostenta el magistrado Cándido Conde-Pumpido. Para López Aguilar, el fiscal general del Estado “no puede ser el fiscal general del Gobierno”, sino que debe estar gobernado por la imparcialidad y la legalidad vigente. El Gobierno considera que tanto el fiscal general como los 21 vocales del CGPJ deben comparecer con regularidad ante el Congreso. Dentro de los cambios propuestos por el PSOE destaca también la creación de una justicia “de proximidad” para los asuntos más leves, que son la mayoría de los que llegan a los juzgados. Esta reforma permitiría emplear la estructura judicial de una forma más racional. Dentro de la reestructuración de la justicia, López Aguilar mostró su preocupación por la saturación que padece el Tribunal Constitucional, ya que en numerosas ocasiones se le toma como una instancia superior para litigios que técnicamente no deberían sobrepasar el Supremo.