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VIOLENCIA DE GÉNERO

El Gobierno estudia un protocolo para proteger a las mujeres maltratadas

Por Gema Cubo CabreraTiempo de lectura2 min
Sociedad07-05-2004

Más de 6.000 mujeres son victimas de malos tratos en España. Según el Instituto de la Mujer, más de 50.000 denuncias fueron cursadas durante el 2003. De ellas, unas pocas consiguen liberarse de su agresor y otras, encuentran la muerte en su propia casa.

Prohibir la custodia y visita a los hijos y poner a disposición judicial a los agresores que violen la orden de alejamiento, son algunas de las medidas que se prevé formen parte de la reforma de la Ley prevista por el Gobierno, que asegurará la protección de estas personas. Una media de 70 mujeres vienen muriendo anualmente a consecuencia de este problema en España. Sin embargo, esta lacra también afecta a hombres y niños, con cifras de susto en países desarrollados como EE. UU., con un 28 por ciento, el Reino Unido, con un 25 o Japón, que bate récord con un 59 por ciento de la población afectada, según datos de UNICEF. En España, durante la semana pasada, unos 20 hombres fueron detenidos después de haber sido denunciados por presuntos maltratos o por vulnerar la orden de alejamiento. El último, un joven dominicano de tan sólo 21 años acusado de apuñalar a su novia, que permanece grave tras una discusión por celos en un municipio de Madrid. Más triste fue el desenlace para los dos niños y la mujer fallecidos el mes pasado en la localidad valenciana de Alcira, tras ser quemados en su propia casa por el marido, quien fue detenido hace unos días. Miembros de la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior se reunieron durante la semana pasada para acordar el borrador de medidas que verán la luz en el marco de la reforma de la Ley integral contra la violencia de género. Entre ellas, se estudia el establecimiento de multas severas ante la vulneración de las medidas cautelares, la puesta en marcha de un sistema ágil de intercambio de información entre los órganos judiciales, la Fiscalía y las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como dar prioridad a las situaciones de mayor peligro y la adopción de medidas proporcionadas a cada caso concreto, desde la protección policial 24 horas, hasta la implantación de una pulsera electrónica en los agresores o la entrega de un teléfono móvil a las victimas. Tras la reunión de estos tres órganos, que volverá a repetirse durante esta semana, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, ha apuntado la necesidad de que se refuercen las medidas de protección a las victimas dentro de la legalidad vigente y antes de la aplicación de las reformas legales previstas, que formaran parte de la futura Ley.