INDULTO

Gómez de Liaño volverá a ser juez

Por María Fernández Riveras1 min

España15-06-2001

El Tribunal de Conflictos ha votado que "las cuestiones relativas al reintegro de Gómez de Liaño a la carrera judicial competen al Consejo General del Poder Judicial". Según el Tribunal, encabezado por Javier Delgado Rubio, la competencia sobre el derecho de gracia no es "compartida" ni "sucesiva" y corresponde en exclusiva al Ejecutivo.

Javier Delgado se ha convertido en un personaje clave en el caso Liaño. Delgado preside el Tribunal Supremo, que se ha opuesto a reintegrar a Liaño en la carrera judicial. Además, preside el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que ha dado la razón al Gobierno en contra del Supremo, y el Consejo General del Poder Judicial. Esto quiere decir que Delgado preside las tres instituciones que intervienen en la aplicación del indulto a Liaño. El Partido Socialista (PSOE), por su parte, ha afirmado que Liaño no puede ser juez antes de 5 años, apoyándose en el artículo 379 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que trata la rehabilitación de los jueces. El responsable del PSOE en materia de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declaró que si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple con la ley, el ex juez del caso Sogecable tendrá que esperar cinco años para volver a vestir la toga porque este es el plazo legal para aquellas personas que quieren acceder a la carrera judicial y tienen antecedentes penales. El dirigente socialista aclaró que "lo último que necesita la Justicia para recuperar su credibilidad es que reingrese en la carrera judicial un magistrado condenado por prevaricación". En esta misma línea, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, insistió en que el PP y PSOE firmaron el pacto de Estado para la reforma de la Justicia "para dar confianza, no para introducir desconfianza". El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, consideró que el Gobierno quiere acelerar la renovación del CGPJ para que Gómez de Liaño vuelva cuanto antes a la carrera judicial. El secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, ha negado esta intención.