9-N

Más de cuatro millones de catalanes desaprueban la independencia

Por Selene Pisabarro3 min

España10-11-2014

Alrededor de 2.300.000 personas -de los más de 6 millones de catalanes que podían votar- han acudido a las urnas en una jornada simbólica. El 80,79 por ciento ha dicho sí a las dos preguntas que se formulaban, es decir, alrededor de 1.850.000 personas del total de la población catalana ha respaldado la consulta mientras que más de 4,2 millones -incluidos los catalanes que viven en el extranjero- ha preferido quedarse en casa o votar no a una o ambas preguntas.

La participación final en la consulta catalana ha sido de 2.305.290 personas, según señala la web del Gobierno catalán. Un 10,07 por ciento votó “sí-no” a las dos preguntas que se realizaron y un 80,79 por ciento un “sí-sí” mientras que un 4,54 por ciento un “no” a ambas. Las primera preguntas era: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?". Si la respuesta anterior era afirmativa, la segunda cuestión era “¿quiere que este Estado sea independiente?". No existe una cifra exacta de los catalanes que tenían derecho a votar pero la Generalitat estima que existen alrededor de 5,4 millones de ciudadanos españoles residentes en Cataluña mayores de 16 años y 900.000 extranjeros cumplen con los requisitos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) coincide prácticamente con la cifra, al estimar que 6.228.531 personas están llamadas a votar. Al no existir un censo, tampoco se conoce la legalidad exacta del recuento de votos. Quienes están fuera de España pueden votar hasta el día 25 de noviembre, cuando definitivamente se cierren las urnas. Para Artur Mas, los resultados del falso referéndum son extraordinarios. Es más, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que le permita celebrar un referéndum definitivo sobre la independencia de Cataluña como el que se realizó en Escocia en septiembre y que el Reino Unido permitió. En boca del presidente de la Generalitat, la votación de este 9-N ha sido “un éxito total”. Una vez más, ha insistido en que los catalanes quieren decidir el futuro político que les augura y que para eso hay que respetar su derecho a decidirlo por ellos mismos. Al mismo tiempo, ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que se comporte “como un Estado democrático maduro”. Por su parte, el presidente del Gobierno siguió la jornada desde la Moncloa y no ha hecho hasta el momento declaraciones aunque siempre ha afirmado que no concederá esa suerte a Mas porque no permitirá que se incumpla la ley. A pesar de que los tribunales no han interferido a lo largo de la jornada, sí perseguirán a sus organizadores. Artur Mas salió al paso este domingo y admitió que si había que hacerlo, él era el responsable y no los voluntarios que estaban en los colegios electorales atendiendo a los votos. Numerosos ciudadanos y partidos políticos acudieron a los juzgados de guardia de Cataluña para solicitar que se retirase las urnas. Sin embargo, tres magistrados de Barcelona, Badalona y Tarragona así como los fiscales de guardia rechazaron cualquier tipo de medida cautelar por ser desproporcionada pero advirtieron que investigarán con calma quiénes son los partícipes del 9-N, entre los que podrían estar los funcionarios pero no los ciudadanos que han acudido a votar. Aun así, los magistrados estudiarán durante las próximas semanas si la Generalitat ha cometido un delito de desobediencia, prevaricación o malversación de fondos, tal y como se le acusa. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado en una comparecencia este domingo que la consulta se trata de un “acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos”. Con esto, el titular de la cartera quería recordar que las consultas a la ciudadanía deben hacerse bajo los límites de la legalidad e imparcialidad, atendiendo a lo que establece la Constitución. Ha afirmado que esta votación no tiene amparo en las leyes catalanas ni en un decreto de convocatoria y que, aun así, los promotores se han saltado todos los obstáculos para salirse con la suya. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado abrió ayer diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta era constitutiva de delito. Así lo recordó Catalá, que advirtió de que en caso de que concurran responsabilidades penales, se emprenderán acciones legales. Aun así, los porcentajes son difíciles de determinar puesto que no existe un censo oficial de votantes al no tratarse de un referéndum con garantías democráticas plenas. Bien es cierto que han podido votar todos los ciudadanos con residencia en Cataluña mayores de 16 años, los extranjeros que posean la tarjeta de residencia de más de tres años de vigencia y los españoles residentes en el extranjero que estén empadronados por última vez en la comunidad autónoma.