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CASO NÓOS

Urdangarín, con un delito más, sigue imputado junto a Torres y Matas

Por Selene PisabarroTiempo de lectura3 min
Sociedad08-11-2014

Iñaki Urdangarín ve cómo cada vez se complica más el caso Nóos, en el que él es uno de los principales imputados. A los 24 delitos que pesaban sobre él, se ha añadido uno más mediante un auto dictado este viernes por unanimidad. La Audiencia de Palma ha decidido imputarle el blanqueo de capitales tanto a él como a su ex socio Diego Torres, como a la mujer de este, Ana María Tejeiro. La trama continúa y la instrucción amenaza con alargarse un año más antes de que se abra juicio oral.

La nueva decisión se debe a que el tribunal ha estimado el recurso de apelación que interpuso el sindicato Manos Limpias, que ejerce de acusación popular. Esto significa que al cuñado del rey Felipe VI se le acusa de cinco delitos de fraude, cinco de prevaricación, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad documental, uno de estafa, uno de falsificación y uno de blanqueo, que suman un total de 24 más uno de blanqueo de capitales, con lo que son 25. Además, el tribunal ha declarado que ha tomado esta decisión sin la necesidad de practicar nuevas diligencias o de tomar declaración. Castro mantiene imputados, por tanto, a Diego Torres y su mujer Ana María Tejeiro y a los contables, hermanos de esta, Miguel y Marco Antonio Tejeiro. Están vinculados a las irregularidades que supuestamente se cometieron dentro de la actividad del Instituto Nóos. Los delitos que pesan sobre ellos son prevaricación, malversación de fondos, fraude, tráfico de influencias, falsedad, estafa y falsificación. Cabe recordar que siguen en esta trama el ex presidente balear Jaume Matas, la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen o el ex director general de Deportes, José Luis “Pepote” Ballester, entre otros. A pesar de esta nueva ruta, el juicio por el caso Nóos aún podrá retrasarse un año más. El auto emitido por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma devuelve las actuaciones al juez instructor del caso, José Castro, para que transforme las diligencias previas en un procedimiento abreviado. Más tarde, el auto se remitirá a las partes para que planteen sus escritos de acusación o defensa. Hasta ese momento, Castro no podrá dictar un auto de apertura de juicio oral, del que aún se desconoce la fecha pero se prevé para 2016, casi seis años después de que se abriera la instrucción. Las reacciones no se han hecho esperar tras conocer la imputación de la infanta Cristina por cooperación en dos delitos fiscales. Por una parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha admitido que el Ejecutivo respeta las decisiones judiciales y ha señalado, respecto a si la infanta debe renunciar a sus derechos dinásticos, que “no nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se pueden adoptar”. Asimismo ha anunciado que la Agencia Tributaria y su servicio jurídico decidirán su posición procesal tras la decisión que se tome respecto al juicio oral. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre ha mostrado su profundo respeto a la decisión tomada. Los técnicos de Hacienda, a través del sindicato Gestha, han mostrado su desacuerdo respecto a que se exculpe a la infanta del delito de blanqueo y piden a la agencia Tributaria que acuse a la hermana del rey para evitar que se aplique la doctrina Botín debido a que hay circunstancias suficientes para mantener su imputación en delitos fiscales y en blanqueo. Lo mismo ha sucedido con el PSOE, que desde la dirección se han mostrado acordes con cualquier decisión que hubiera tomado el tribunal ya que “la justicia es igual para todos”. Sin embargo, en UPyD han celebrado el giro de la investigación. Rosa Díez ha mostrado su conformidad por que juzguen a la infanta a pesar de los obstáculos con los que se han chocado en el camino, como la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. Lo mismo que Gaspar Llamazares, el líder de Izquierda Unida, que ha alegado que esto demuestra que “la justicia existe y que el juez Castro tenía razón”.