ERE Andalucía
La Fiscalía pide dividir el caso de los ERE
Por Mara Portela
2 min
España05-11-2014
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita la división de la causa del fraude de los ERE de Andalucía, de manera que el alto tribunal solo asuma la investigación sobre los cinco aforados nacionales, los ex presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los ex consejeros, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, los dos primeros diputados en el Congreso y la tercera senadora. La investigación los aforados autonómicos la asumiría entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Fiscalía del Supremo presento durante esta jornada un informe referido a la exposición razonada elevada por la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el informe se refiere tan solo a la competencia del Tribunal Supremo para investigar a los aforados implicados en la causa, no entra a analizar el fondo del procedimiento, si, como sugiere Alaya, existen indicios de delito en la actuación de Griñán y Chaves. La Fiscalía del Supremo insiste así en la postura expresada en más de una ocasión por la Fiscalía Anticorrupción a la juez Alaya, sobre lo conveniente de dividir la causa principal en diversas causas separadas. La Fiscalía General del Estado difundió una nota de prensa en la que se expone que los fiscales considera que la causa es “escindible” y que nada impide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asumir la investigación acerca de los aforados autonómicos, Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. “Esta es la única forma en opinión del ministerio publico de terminar este procedimiento en un plazo razonable de tiempo” explica la nota de prensa de la Fiscalía Superior. Una vez nombrado un instructor de causa en el Supremo, este debería practicar diligencias que permitan la valoración jurídica de las conductas de los investigados. La respuesta de la fiscalía estaba pendiente desde el pasado cuatro de septiembre cuando la Sala de lo Penal del Supremo dio traslado del documento enviado por la juez Alaya. Esta solicitud exponía no solo que se pronunciase acerca de la competencia para investigar el caso si no también el “fondo” del mismo, si los aforados cometieron o no un delito. La juez Alaya estima que los aforados diseñaron un procedimiento administrativo que impedía la fiscalización de las ayudas que la Administración otorgaba a empresas y trabajadores afectos por los expedientes de regulación de empleo, y en su opinión, fue decisivo para que se produjera el fraude.