FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Chaves vence al Gobierno la primera partida sobre financiación autonómica
Por Noelia Hernández Martín
2 min
España05-07-2002
La Junta de Andalucía y el Gobierno están sumidos en una batalla campal debido al modelo de financiación autonómica que se dio en esta comunidad entre 1997 y 2001.
El enfrentamiento se inició en 1997 por la negativa de la Junta a firmar un modelo de financiación que creía injusto. Este modelo, presentado por el Ministerio de Hacienda, se negaba a practicar la liquidación definitiva de 1997 que había sido solicitada por el Gobierno andaluz y que éste cifraba en 90 millones de euros (13.000 millones de pesetas). El Ejecutivo central repitió esta omisión hasta 2000, lo que motivó una serie de recursos por parte de la Junta. El Ministerio de Hacienda argumentaba que no se podía hacer dicha liquidación definitiva hasta que se hubiera adoptado un sistema de financiación para Andalucía -ya que la Junta rechazó el modelo vigente entre 1997 y 2000-, mientras que la Junta reclamaba efectuar la liquidación por el sistema vigente entre 1992-1996, aceptado en su día por el Gobierno andaluz. Al final, la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Junta de Andalucía. La sentencia señala que "a falta de acuerdo (sobre el sistema de financiación autonómica), se aplica el método del quinquenio anterior", o lo que es lo mismo, de 1992 a 1996, tal y como reclamaba la Junta. La Junta andaluza está convencida de que la sentencia sobre la liquidación de 1997 vinculará a los ejercicios en los que interpuso demandas "con el mismo fundamento". Así, el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, recordó que la Junta ha ido presentando recursos iguales al ahora fallado por las liquidaciones definitivas no practicadas por Hacienda y correspondientes a los años 1998, 1999, 2000 y 2001. La batalla judicial entre el Gobierno y la Junta de Andalucía va a más. Precisamente, la Junta también ha impugnado reiteradamente ante el Tribunal Constitucional este modelo de financiación. Tacha este modelo de inconstitucional al no ligar los recursos a un censo real. Por esta cuestión, la Junta estima que perdió 1.562 millones. A eso se añade que el Gobierno aplicó a esta comunidad índices de evolución distintos, menores que al resto de comunidades, lo que ocasionó un perjuicio a las arcas andaluzas de 2.608 millones de euros. Si a esto se suman las mermas por liquidación (445 millones), lo que la Junta exige en los tribunales es la devolución de 4.630 millones de euros (770.397 millones de pesetas). Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el pasado sábado que el Gobierno aún no ha decidido si recurrirá el auto de la Audiencia Nacional que da la razón a la Junta.