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LUCHA ANTITERRORISTA

Luz verde a la Ley de Partidos Políticos

Fotografía Manifestación en contra de ETA y de los partidos que no condenan la violencia

Manifestación en contra de ETA y de los partidos que no condenan la violencia

Por Cristóbal CabezasTiempo de lectura1 min
España30-07-2002

Los senadores de Convergència i Unió (CiU) apoyaron la Ley de Partidos con la que se podrá ilegalizar a la formación Batasuna. Los representantes de CiU votaron en contra de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida (IU), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Eusko Alkartasuna (EA). En cambio, se abstuvieron cuando se votó la reforma pedida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

El senador Francesc Marimón, portavoz de CiU, explicó que esa renuncia, que fue criticada posteriormente por el Partido Popular (PP), se debe a que estiman que el Ejecutivo no ha dialogado con el PNV antes de presentar esta medida. Los representantes de los partidos que presentaron las enmiendas indicaron, como ya hicieron en su día sus compañeros en el Congreso, que esta ley es inoportuna (porque Batasuna había empezado a perder respaldo social y ahora lo ganará), que no servirá para acabar con el terrorismo y que se ha hecho para ilegalizar un partido concreto. Pío García-Escudero, portavoz del PP, negó esas críticas y declaró que se podrá defender cualquier ideología, incluso contraria a la Constitución pero con métodos pacíficos y no actuando "como sucursal de ETA". El senador Joaquín Galán, del Partido Socialista (PSOE), también rechazó los argumentos contrarios a la Ley de Partidos, pero hizo una advertencia al PP: "La democracia no sólo se defiende con este tipo de iniciativas, sino que luego hay que aplicarla con rigor sin buscar votos ni fotos sino actuando con comportamientos cívicos". La entrada en vigor de la nueva norma se ha visto envuelta por los casos de acoso violento a concejales populares y socialistas y los episodios de protesta de cargos institucionales de Batasuna, contrarios a la aprobación de la ley. Tanto el PP como el PSOE, impulsores de la nueva norma, temen que desde ahora se intensifiquen estas acciones violentas con que los radicales se ven obligados a expresar su nerviosismo ante las incógnitas que se ciernen sobre su futuro.