PAÍS VASCO
El PP y el PSOE acuerdan la defensa de los concejales vascos amenazados
Por Cristóbal Cabezas Martín
2 min
España05-06-2002
La idea inicial del Gobierno de que la aceptación del borrador por parte de los representantes del PSOE equivalía a renunciar a enmendar el proyecto estuvo a punto de provocar que la ley saliera adelante con el exclusivo respaldo del Partido Popular (PP). Sólo el temor a que ello pudiera ser aprovechado por los nacionalistas hizo desistir al Gobierno de José María Aznar.
Como novedad destaca la aprobación, a propuesta del PSOE, de una dotación presupuestaria para sufragar gastos de la seguridad de los concejales, adicionales a las meras escoltas. Anteriormente, el PP y el PSOE informarán sobre los costes añadidos que implica la seguridad a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. Esta medida obstaculizó el acuerdo durante semanas. El PSOE siempre defendió que la financiación adicional para la seguridad de los concejales fuera pública por la conveniencia de responsabilizar al Estado en la seguridad. El PP, en cambio, se inclinaba por fórmulas privadas. La nueva situación creada por el pacto del PP y el PSOE sobre la Ley de Partidos ha contribuido a desbloquear el problema. Otro de los puntos del acuerdo es la reforma de la Ley Electoral y la de Financiación de Partidos, complementaria de la Ley de Partidos, para impedir que el Estado subvencione los gastos electorales o financie, en general, a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que promuevan con su actividad el terrorismo. Esta medida "castiga aquellas conductas individuales que pudiendo no dar lugar a la ilegalización, sí pueden motivar la pérdida de financiación pública". Por otro lado, la identificación dactilar de los dos etarras arrestados en Francia la semana pasada ha permitido determinar que son Aitor Agirrebarrena, Peio, y Asier Arzalluz, Santi, ambos del comando Ttotto y acusados de cuatro asesinatos. La foto de Arzalluz facilitada por la policía francesa hizo que fuera confundido con Fermín Lasa, huido del comando Madrid en el 2001, acusado de dos asesinatos. Las detenciones suponen la desaparición total del grupo de terroristas que asesinó a José Luis López de Lacalle, Juan María Jáuregui y dos guardias civiles. Asimismo, el presunto etarra Juan Víctor Galarza, expulsado por Venezuela por estancia ilegal en ese país, fue extraditado a España. Galarza, condenado por la Audiencia Nacional después de ser detenido en 1985 junto a otros 18 presuntos miembros del comando Vizcaya de ETA, tiene dos causas pendientes por asesinato.