TERRORISMO

Otegi atribuye su expulsión de Francia a presiones desde el Gobierno

Por Cristóbal Cabezas Martín1 min

España02-06-2002

El portavoz de Batasuna (antiguo Herri Batasuna), Arnaldo Otegi, considera que el Gobierno francés "desempolvó" una orden de expulsión de 1984 para prohibir su paso a territorio galo porque el Ejecutivo español le había pedido "expresamente" que impidiera su presencia en un mitin de la coalición abertzale en la ciudad francesa de Bayona.

Otegi opinó que esa es la única razón por la que no pudo participar en ese acto electoral, pues no cree que "el afán" del estado francés fuera ese, ya que no se había dado un caso similar en otras ocasiones en las que ha cruzado la frontera. El portavoz de Batasuna precisó que no estuvo detenido, sino que el tiempo que permaneció en el paso fronterizo de Irún-Biriatou fue el que necesitó la policía francesa para tramitar la orden de expulsión. Se mostró convencido que desde que abandonó su domicilio con destino a Francia fue seguido por dos vehículos, hecho al que no dio "importancia" hasta llegar a territorio francés y ver el "escandaloso" dispositivo policial que se había montado. Por su parte, el Tribunal Supremo ha declarado que el delito de apología del terrorismo no es una infracción de terrorismo, sino de opinión, con independencia de que se haya incorporado a los delitos de terrorismo en la reciente reforma del Código Penal. Del mismo modo, Luis Román Puerta, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, envió a Francisco Hernando, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, un escrito que expresa "la preocupación" de los magistrados de la Sala por los ataques, especialmente gubernamentales, dirigidos contra el auto que archivó el caso Otegi. Puerta denuncia que tales reacciones "rebasan ampliamente el ámbito razonable de la crítica y de la discrepancia social frente a las decisiones judiciales". Asimismo, el Partido Popular (PP), con la ayuda de magistrados y juristas conservadores, prepara desde hace meses una reforma de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el carácter colegiado del actual CGPJ con el objetivo de suprimir el control parlamentario y los informes sobre normas de derechos humanos.