LEY DE PARTIDOS

El proceso contra Batasuna se decidirá en el Pacto Antiterrorista

Por Mª Jesús Torres2 min

España30-05-2002

El Gobierno y el PSOE siguen avanzando en su acuerdo sobre la Ley de Partidos Políticos. Consensuados los cambios necesarios para que los socialistas pudieran apoyar la ley, sus representantes empiezan a pensar en la futura aplicación del texto legal.

El objetivo sigue siendo el mismo: ilegalizar Batasuna. Las acciones legales contra la formación abertzale se decidirán a partir de la aprobación de la ley en el marco del Pacto Antiterrorista. La idea que subyace en el más reciente acuerdo entre Gobierno y PSOE es que no es suficiente haber acordado el contenido de la ley, sino que hay que extender el pacto a la administración de la propia legislación, igual que a todos los partidos que la apoyen. Por ello, serán ellos quienes decidan conjuntamente el mejor momento para iniciar el proceso contra Batasuna. En el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo que PP y PSOE suscribieron en marzo de 2000 ya indicaron que el Gobierno es el responsable de dirigir la lucha antiterrorista, "pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos". Socialistas y populares añadirán esta facultad a las que ya tienen dentro del Pacto Antiterrorista. La Ley de Partidos Políticos, que inició su andadura legislativa con el único apoyo incondicional del PP, llega el próximo martes al Congreso con el apoyo de partidos que representan casi el 95 por ciento del censo. El portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, López Garrido, pidió que Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Izquierda Unida (IU) se unan también al pacto. De momento, la ley ya tiene los votos favorables de Coalición Canaria (CC) y Convergència i Unió (CiU). El apoyo de ésta última requirió que fueran aceptadas 37 de las 38 que presentó. La mayoría de ellas ya estaban recogidas en el pacto al que llegaron Gobierno y PSOE el pasado 14 de mayo. Sus enmiendas se referían a las garantías de seguridad jurídica, a la exigencia de que no se persiga ninguna ideología y a la condición de irretroactividad. No salieron adelante la propuesta de permitir que puedan ser promotores de partidos aquellas personas que fueron condenadas y rehabilitadas después, y una sobre el procedimiento de disolución de partidos. Se incluyó, a propuesta de CiU, su petición de que un partido no pueda ser ilegalizado si sanciona disciplinariamente a uno de sus miembros que mantenga la militancia en otra organización terrorista. El portavoz de la formación catalana, Manel Silva, no podía ocultar su satisfacción por que se hubieran incluido las enmiendas de CiU en una ley en la que ya "no caben objeciones jurídico-constitucionales". Por ese motivo, consideran que los nacionalistas vascos podrían aceptar el proyecto. Sin embargo, el PNV sigue pensando que los cambios son insuficientes.