Oriente Próximo
Arabia Saudí pospone la ejecución de siete jóvenes
Por Diego Ruiz
2 min
Internacional05-03-2013
Las autoridades de Arabia Saudí han suspendido las ejecuciones de siete jóvenes en el último momento. Este cambió de decisión se debe a las masivas movilizaciones de los activistas de derechos humanos saudíes, además de la presión internacional.
Estos factores han sido clave en la suspensión de las ejecuciones por parte de la familia real saudí, por lo que han propuesto la repetición del juicio, que condenó a estos jóvenes, la mayoría menor de edad, a la pena de muerte. Uno de los jóvenes había sido condenado a la crucifixión, por varios atracos a mano armada. Por su parte Amnistía Internacional y “Human Rights Watch” denunciaron irregularidades en el juicio. En concreto fue el príncipe Miteb, el hijo mayor del rey Abdalá y jefe de la Guardia Nacional, quien dio la orden de atraso de la ejecución hasta dentro de un mes, mientras que el resto de la Familia Real saudí estudia la petición para repetir el juicio. Los siete jóvenes fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006 acusados de haber realizado una serie de atracos a joyerías en Abha (capital de la provincia meridional de Asir). Tras su detención, un juez les declaró culpables condenándolos a muerte en 2009. En el caso de Sarhan al Mashayekh, considerado el líder del grupo, su pena fue agravada con la crucifixión. En los años en que ocurrieron los hechos, los jóvenes tenían entre 15 y 19 años según datos presentados por los activistas. Además, Arabia Saudí se adhirió en 1996 a la Convención de los Derechos del Niños que prohíbe la ejecución de menores. Por ello, las autoridades saudíes esperaron hasta que cumplieran la mayoría de edad para condenarlos a la pena de muerte. A día de hoy, solo tres países recurren a este método: Irán, Yemen y Sudán. Al Rahban, amigo de uno de los condenados declaró que “el príncipe Miteb prometió a los que se reunieron con él que iba a ordenar una nueva investigación y un nuevo juicio, conmutar la pena de muerte o incluso perdonarles”. A pesar de la intervención real, este hecho pone en jaque el sistema judicial saudí. Ya en 2007, el rey Abdalá anunció una serie de reformas para modernizar la judicatura, uno de los proyectos incluía la especialización de los tribunales, además de realizar cursos de captación para los jueces. Por el contrario, estas medidas fueron frenándose por el clero, que domina buena parte del Ministerio de Justicia. Las declaraciones de Mohammad al Qahtani de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA) aseguraron que las autoridades “intimidaron, torturaron a los jóvenes, también les privaron de sueño y comida, e incluso les amenazaron con llevar a sus madres para que confesaran”. Al Qahtani añadió además que “los fiscales no hacen su trabajo y, ante la ausencia de pruebas, la única forma de garantizar las condenas es que los agentes de la DIG (Dirección de Investigación General, servicios secretos dependientes del Ministerio del Interior) obtengan confesiones”.