La presión policial acorrala a ETA

Por Cristóbal Cabezas Martín2 min

España31-03-2002

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el ingreso en prisión incondicional de 9 de los detenidos en la última semana por la Guardia Civil por su presunta vinculación al complejo Donosti de ETA.

La acción de la Policía coincide con un comunicado de ETA en el que afirma que seguirá usando las armas contra los enemigos de Euskadi. Los diarios Gara y Egunkaria han publicado un documento, con motivo de la celebración del Aberri Eguna (día de la patria vasca), en el que se expone que Euskal Herría "está en crisis" y "en estado de excepción" en una jornada que las formaciones nacionalistas, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA), han celebrado por separado. Durante la semana, las detenciones policiales han tenido reflejo en los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha decretado el ingreso en prisión incondicional e incomunicada para nueve de los 13 detenidos en la operación que se ha efectuado contra el complejo Donosti, y ha ordenado el encarcelamiento eludible con el pago de una fianza de 6.000 euros para otros dos, en espera de que se tomen declaraciones a los últimos dos arrestados. Los detenidos enviados a prisión son Unai Bilbao Solaetxe e Iñaki Bilbao Goikoetxea, presuntos asesinos del concejal socialista de Orio, Juan Priede; Gregorio Escudero Balerdi, a quien la fiscal considera cooperador necesario en las muertes de Priede y del concejal del Partido Popular (PP) José Ignacio Iruretagoyena; Miren Uxua Olaia Espinal y Pedro María Cano. La libertad con fianza fue decretada para María Olatz Larrañaga y Joseba Iturbe. Anteriormente, el magistrado también decidió el ingreso en prisión de Eider Ijurco y Ekaitz Aramendi, acusados por el fiscal de los delitos de pertenencia a banda armada, depósito de armas y encubrimiento, ya que en el domicilio del segundo fue hallada la pistola supuestamente utilizada en el asesinato del edil de Orio, Juan Priede. Los otros dos encarcelados son Emilio Salaberría, acusado de pertenencia a banda armada, traslado de armamento y depósito de explosivos, ya que en su casa fue hallada una bomba-lapa preparada para ser usada y Aritz Sáez Insausti, acusado por el ministerio público de colaboración con banda armada. Todos los imputados que han ingresado en prisión incondicional han quedado incomunicados hasta que terminen las declaraciones de todos los detenidos, ya que faltan los interrogatorios de Óscar Calabozo Casado y Jokin Aranalde Olaondo, los dos últimos arrestados.