Pros y contras de una ley contra Batasuna

Por Mª Jesús Torres2 min

España29-03-2002

El Gobierno, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) se lo quieren poner difícil a Batasuna. Cada una de las detenciones parece confirmar más su tesis de que es el brazo político de la banda terrorista ETA. Sin embargo, surgen reticencias dentro del sector que se muestra a favor de reformar la Ley de Partidos para que en el futuro acabe con aquellas formaciones que actúen como apéndice de un grupo terrorista. En contra siguen estando los mismos. El proyecto de ley espera ahora el veredicto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado para seguir su curso legislativo.

La relación entre ETA y Batasuna parece clara en el caso de Eider Jurzo Ruiz, detenida en la operación contra el complejo Donosti de ETA del pasado lunes y que presentó su candidatura a las últimas elecciones autonómicas por la formación nacionalista. También lo es el caso de Jokin Aranalde, detenido el viernes en Tolosa y que fue el número 1 de la candidatura de Askatasuna en aquellas elecciones. Esta situación no hace sino abrir con más fuerza el debate político sobre la conveniencia o no de ilegalizar a Batasuna. Por un lado, a los populares no les surge ninguna duda sobre la reforma de la ley actual, que es previa a la Constitución, y ya preparan medidas previas a "la futura disolución" de Batasuna: la destitución de los cargos locales de dicho partido y la eliminación de cualquier posible subvención de las instituciones del País Vasco, tal y como explicaba Esteban González Pons, portavoz del Grupo Popular en el Senado. Los socialistas participaron desde el principio en la redacción, con el Gobierno y el PP, del anteproyecto de ley y están de acuerdo en la necesidad de reforzar la Ley de Partidos. Sin embargo, el procedimiento por el que un partido político que no respete los principios democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos sea disuelto le ofrece serias dudas. En su opinión, debe ser el fiscal general del Estado el que inicie la vía judicial y no un grupo parlamentario o el propio Gobierno, como se anunció en el Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo. Los instrumentos legales tiene que aplicarlos "quien aplica la norma, que son los jueces". Además, los socialistas vascos muestran su disconformidad con la iniciativa del Gobierno explicando que sería "contraproducente" dejar a casi 150.000 votantes sin referente político. Temen que estas medidas legales hagan aparecer a Batasuna como una víctima y que esto le permita recuperar algunas de las adhesiones perdidas. Del mismo modo se expresó el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xavier Arzallus: "El victimismo vende mucho". Su partido, junto con Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna, los tres socios del Gobierno vasco, se sumaron al manifiesto En defensa de los derechos y libertades fundamentales, en el que se aboga por que "sean anuladas y revocadas" las ilegalizaciones y que esta medida no se adopte con Batasuna.