JUSTICIA

El ministro trata de prohibir por ley las protestas que no evita negociando

Por Alejandro Requeijo3 min

España20-02-2009

Por primera vez en la Historia los jueces españoles acudieron a una jornada de huelga sin precedentes. Demandan mayores inversiones materiales y humanas en la Administración de Justicia. Esta medida de protesta fue el resultado de meses de exigencias que no recibieron la respuesta esperada por parte del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Un 62 por ciento de la carrera, según los convocantes, y un 35 por ciento, según los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), colgó las togas por un día. Los primeros cifraron el seguimiento de la protesta en unos 1.800 jueces del total de 4.500 que ejercen en España, mientras que el Consejo reduce ese dato considerablemente en función de la información recabada de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Desde el máximo órgano de gobierno de los jueces anunciaron que el número aproximado de actos judiciales que se vieron afectados fue de 800. "Convertir la jornada de hoy en una guerra de cifras no tiene sentido cuando lo que ha reflejado la huelga es el sinsabor de la carrera con la actual situación de la Administración", aseguró el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. Estas declaraciones se producían después de la comparecencia del ministro Bermejo, quien replicó al paro anunciando su intención de promover un proyecto para regular el modo en el que los jueces expresen sus reivindicaciones "desde la convicción de que la huelga no está permitida a los Poderes del Estado". Una medida que se traduce en pretender prohibir las huelgas de jueces por ley. Actualmente, la Constitución no les reconoce tal derecho aunque tampoco lo prohíbe expresamente. Rechazo a la iniciativa Este anuncio obtuvo rápidamente el rechazo incluso del propio Consejo. El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, expresó que si los jueces no tienen derecho a huelga, "se debería haber regulado antes", al tiempo que criticó la propuesta como una reacción a la situación. Asimismo, desde las asociaciones judiciales tildaron la idea de "irreflexiva" y "provocadora". "Sólo nos ha vendido humo". Esa fue la conclusión de dos de las cuatro asociaciones de jueces que el pasado 26 de enero mantuvieron con el Ministerio la última reunión en busca de una solución. Sobre la mesa, las demandas de una modernización de la Justicia con la presión añadida de que los jueces no asociados de una veintena de ciudades españolas ya había convocado la jornada de paro para el 18 de febrero supeditada en todo caso al resultado de ese encuentro. Pero finalmente, los jueces no asociados mantuvieron su postura a la que además se unieron la Asociación Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) rompiendo así la unidad asociativa. Inicialmente, su propuesta era otorgar seis meses de plazo al Gobierno para evaluar su compromiso con la modernización y, en caso negativo, acudir a una huelga definitivamente el 26 de junio. No obstante, esa postura quedó en papel mojado ya que no fue secundada por la carrera. Ahora, las dos asociaciones que no apoyaron la huelga, la APM y Jueces para la Democracia (JpD) insisten en retomar las conversaciones con el Ministerio y recuperar la unidad en la carrera. No obstante, de momento, hay diferencias a la hora de aceptar a Bermejo como interlocutor. Desde APM y JpD se resignan al actual ministro mientras no haya otro. Mientras FdV y FJI piden un cambio en el Ministerio o que sea el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero quien tome las riendas de la situación.