OPERACIÓN GÜRTEL

El momento, la forma y los protagonistas hacen dudar sobre la investigación

Por Alejandro Requeijo2 min

España15-02-2009

Una trama de corrupción en la que están imputados un alto número de empresarios que en el pasado guardaron relación con el PP. Poco más se sabe de la conocida como operación Gürtel en la que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón va, con cuentagotas, juntando las piezas de un puzzle que de, de momento, tan sólo se deduce.

El juez trabaja sobre una lista de 37 imputados. De lo poco que ha trascendido es que los principales sospechosos mantenían relación con cargos del PP, sin embargo, desde que se produjeron las primeras detenciones, tan sólo dos nombres hacen referencia a los populares. Uno es el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y otro el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, quien ya ha dimitido de su cargo forzado por la dirección del partido. Por estas razones el presidente del PP, Mariano Rajoy,denuncia “una cacería” contra el partido. La operación Gürtel, iniciada hace un año por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón, ha explotado un mes antes de las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia. Garzón investiga a una red de empresas encabezada por Francisco Correa (la traducción de su apellido en alemán da nombre a la operación). La causa se encuentra bajo el secreto de sumario, pero se conoce que estas empresas se aprovechaban de sus buenas relaciones con cargos del PP para lograr la adjudicación –a veces mediante sobornos- de contratos millonarios. El procedimiento judicial seguido en esta causa no tiene precedentes. Sobre todo cuando se compara con casos de similar repercusión en el pasado como el caso Filesa o el caso AVE. Ambos afectaban a administraciones socialistas, sin embargo, ninguno de ellos fue investigado en la Audiencia Nacional. En estas dependencias judiciales trabajan además de Garzón otros cinco jueces de instrucción. Los casos recaen en uno u otro magistrado en función de cuál de ellos se encuentra de guardia o por un reparto sin condiciones ni preferencias. Garzón, no sólo no se encontraba de guardia en el momento en el que se iniciaron las detenciones sino que lleva durante un año al frente de la operación (contactos con la policía, autorización de escuchas…) sin que conste que la causa fuese sometida a reparto. Estas circunstancias, sumadas a las descaradas filtraciones de las que se están viendo beneficiados medios de comunicación muy concretos, hacen que crezcan las dudas en torno a la operación después de que se conozca la coincidencia del juez con el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una cacería en Jaén el mismo fin de semana en el que se iniciaron las detenciones. Según fuentes jurídicas, Garzón aspira a la presidencia de la Audiencia Nacional, vacía desde que José Luis Rodríguez Zapatero nombró a Carlos Dívar presidente del CGPJ y del tribunal Supremo. Las mismas fuentes indicaron que uno de los mayores sobresaltos con los que se encontró el juez fue cuando conoció que el abogado de una de las procesadas –precisamente la mujer de Correa- es Enrique Molina. Ex fiscal de la Audiencia Nacional, que conocer perfectamente a Garzón después de compartir numerosas causas como la de Batasuna.