OPA ENDESA
Y ahora Bruselas protesta y amenaza al Gobierno
Por Paula Escalada Medrano
2 min
Economía09-12-2007
Parecía que la historia se había acabado con el “sí” de todas las partes: Enel-Acciona, Endesa y sus accionistas, el Gobierno… Pero la historia interminable sigue siendo eso, interminable, y ha aparecido un nuevo agente que, aunque ya estaba, no se le había tenido mucho en cuenta: la Comisión Europea.
El próximo 10 de enero. Esta es la fecha límite que tiene el Gobierno para retirar algunas de las condiciones que en su día impusiera a Enel y Acciona para poder comprar Endesa. Ese ha sido el veredicto final de la Comisión Europea (CE), tras estudiar las últimas modificaciones que el ministerio de Industria realizó al respecto el pasado mes de octubre y considerarlas insuficientes. Según la CE, las condiciones son incompatibles con la legislación europea vigente relativa a la libre circulación de capital, la libertad de establecimiento y la libre circulación de mercancías ya que siguen violando el artículo 21 del Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre concentraciones de empresas. Si Industria no actúa y retira las condiciones, España volverá a verse en problemas ya que la CE abrirá el procedimiento correspondiente de infracción. Concretamente son cinco las condiciones que la CE no acepta. La primera y más importante es la del hecho de que los dos compradores –Enel y Acciona- deben “preservar la independencia de la eléctrica y de su marca, y mantener su centro de decisiones en suelo español”. Las otras condiciones hablan de “comprar cantidades determinadas de carbón nacional”, “conservar los activos de las redes de electricidad insulares y no continentales”, “la limitación del porcentaje del servicio de la deuda de Endesa” y “la aplicación de restricciones en la política de Endesa en materia de distribución de los dividendos”. Estos dos últimos puntos fueron los que tras el primer aviso de Bruselas dado el pasado 21 de septiembre el Ministerio de Joan Clos retocó. Tras conocer el comunicado de Bruselas, las reacciones se han sucedido desde el Gobierno y desde las propias compradoras Enel y Acciona, siempre con un tono común: la tranquilidad. Según el Ministerio de Industria, las condiciones son “proporcionales y justificadas y se ajustan al derecho comunitario”. Por ello, dicho ministerio “estudiará a fondo la decisión del ejecutivo comunitario y, en su debido momento, tomará las decisiones oportunas”. Y, desde Enel, el consejero delegado, Fulvio Conti, aseguró esperar con “calma” las decisiones que pueda tomar el Gobierno español aunque apuntó que en la compañía creen que el resultado final “no influirá” en las cuentas de la sociedad.