GUARDIA CIVIL
La protesta de Madrid acarrea sanciones graves para dos agentes
Por Elena Gómez Fernández
2 min
España27-01-2007
El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinya, y el secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado son los dos primeros damnificados por la manifestación de guardias civiles del pasado sábado a la que algunos agentes acudieron de uniforme.
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, decidió suspender a ambos durante tres meses, de forma cautelar por la concentración que AUGC convocó en Madrid el pasado sábado. Pero estas dos sanciones no parece que vayan a ser las únicas, ya que en las próximas horas las sanciones impuestas a Perpinya y Delgado podrían extenderse al resto de la Junta Directiva Nacional de AUGC y a sus delegados provinciales. Éstos ocuparon durante todo el acto el escenario situado en la Plaza Mayor de Madrid vestidos con el uniforme reglamentario y sin pistola. Lo que parece poco probable es que el resto de agentes uniformados en el acto, situados entre el público asistente, vayan a ser objeto de expediente. Las consecuencias de la pasada manifestación, en la que se contabilizaron unos 3000 agentes de la Guardia Civil, no se han hecho esperar y a los dos expedientados se les aplicará el artículo 9.9 del Régimen Disciplinario de los miembros de la Benemérita, que considera falta muy grave realizar “conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución que no constituyan delito”. Las sanciones derivadas de estas faltas muy graves pueden ser pérdida de puestos en el escalafón, suspensión de empleo o separación del servicio. A la orden de apertura del expediente va unida otra de Mesquida que “suspende en funciones” a Perpinya y Delgado durante 90 días. Estas sanciones dejan aparcadas a un lado las peticiones de estos agentes en dicha manifestación en la que solicitaban su desmilitarización y la eliminación del código penal militar. Ahora se procederá a designar un instructor para cada uno de los expedientes, y una vez finalizado el mismo están facultados para sancionarles los generales de zona, división o brigada y todos sus superiores en el escalafón, es decir, el propio Mesquida, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, e, incluso, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.