CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Las comunidades aprueban medidas sobre el agua y la inmigración

Por Enrique García García2 min

España13-01-2007

La Conferencia de Presidentes Autonómicos dio para algo más que para hablar de terrorismo fuera del programa. Algunos acuerdos, según el Gobierno, o iniciativas del Ejecutivo, según el Partido Popular, vieron luz verde y su cumplimiento será revisado en la próxima reunión.

Uno de estos acuerdos, o iniciativas, que contó con la frontal oposición de los presidentes del PP, fue el de la creación de una Conferencia Sectorial sobre inmigración, en la que se prevé que estén representadas las Comunidades Autónomas como primeras afectadas por este fenómeno y la política que lo regula. La representación de las comunidades gobernadas por el PP tenía su propia idea alternativa, consistente en reforzar el ya existente Consejo Superior de Política de Inmigración con una Comisión Ejecutiva permanente. Además, esgrimiendo datos oficiales, según los cuales, el Estado recauda 33.000 millones de euros de los inmigrantes en concepto de impuestos y seguridad social- pidieron la transferencia a las autonomías de 10.000 millones, que es en lo que estiman el coste que les supone el fenómeno de la inmigración. La otra iniciativa gubernamental que ha salido de la conferencia, y que también ha chocado absolutamente con la oposición del PP habla de una nueva Conferencia Sectorial, esta vez del agua, para el control de la política hidráulica. En dicha conferencia estarían representadas las autonomías en función del porcentaje de cada río que atraviese su territorio, el Ministerio de Medio Ambiente, y -sin voto- la Federación de Municipios y Provincias. Aquí también, la oposición popular ve innecesario el nuevo órgano, al existir el Consejo Nacional del Agua, un órgano técnico y político que, no obstante, no ha sido obstáculo para que e iniciara la “guerra del agua” entre las CC.AA. El PP ve en estas dos medidas una duplicidad de órganos administrativa y, al respecto del agua, reclamó la vigencia de la política de trasvases del Ejecutivo Aznar, que fue derogada a la llegada del Partido Socialista (PSOE) al poder. La conferencia sufrió a causa de la falta de un protocolo establecido, por lo que también se acordó una comisión conjunta para desarrollar la reglamentación de la reunión del año 2008.