ALTO EL FUEGO

La división de criterios sitúo a la Justicia en el centro del proceso

Por Silvia Sánchez5 min

España31-12-2006

La Justicia ha desempeñado un papel fundamental, tanto durante los últimos meses de alto le fuego como en los años anteriores de lucha contra el terrorismo. No obstante, durante los nueves meses de negociación, los juicios y condenas de los etarras despertaron una gran polémica. PP y PSOE protagonizaron fuertes cruces de acusaciones respecto a la labor de los tribunales.

No ayudaron declaraciones como las realizadas por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en las que acusó a algunas sentencias judiciales de “entorpecer” el curso del proceso. Y es que la Justicia siempre estuvo en el centro del huracán en el que se convirtió el diálogo con ETA. Desde el pasado año el cese del Fiscal Fungairiño y las posibles excarcelaciones de los miembros de ETA han sido un tema candente y plagado de desencuentros. En concreto la posible excarcelación del etarra De Juana Chaos provocó a principios de 2005 un intenso debate sobre la posibilidad de que varios presos de ETA salieran en libertad tras cumplir una mínima parte de sus penas. Esta situación indujo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a solicitar a la Fiscalía el recurso de las posibles excarcelaciones de miembros de ETA. Los dirigentes del Partido Popular se manifestaron en desacuerdo con los jueces que se negaron a revisar los casos y su líder, Mariano Rajoy manifestó que era necesario que se cumplieran las penas por los “gravísimo delitos” que habían cometido. A principios de este año, la polémica se reavivó de nuevo. El Partido Popular acusó al Ejecutivo de no respetar el Pacto Antiterrorista, mientras que los socialistas recriminaron a los populares el haber emprendido una campaña “innoble” y “plagada de mentiras” en torno a la cuestión de la excarcelación de presos. El juicio que más expectación levantó fue el del propio José Ignacio de Juana Chaos, acusado de exaltación del terrorismo por varios artículos publicados desde la cárcel. De Juana Chaos comenzó una huelga de hambre porque consideraba injusto el nuevo proceso judicial que le encausaba. El terrorista fue detenido en 1987 y condenado a más de 3000 años de cárcel por cometer 11 atentados que costaron la vida a más de 25 personas. Al ser juzgado con el Código Penal de 1973, debía cumplir los 30 años previstos como pena máxima y ante la posibilidad de su excarcelación tras unos 18 años en prisión, en 2005 se le acusó de nuevos delitos. En noviembre de este año se le condenó por amenazas terroristas y en varias ocasiones ha tenido que ser ingresado en centros hospitalarios debido a su huelga de hambre. La intromisión del Ejecutivo de Zapatero en las decisiones judiciales también estuvo en entredicho en el caso Eduardo Fungairiño. El entonces Fiscal Jefe fue cesado, según algunas voces, o presentó su renuncia, según otras, en febrero de este año. Fungairiño es conocido por su carácter contestatario y su trabajo al frente de la Fiscalía en muchos de los casos relacionados con la banda terrorista ETA. Su renuncia se vio precipitada por las desavenencias con el Fiscal General Conde-Pumpido. La noticia del cese del fiscal levantó todo tipo de controversia. Desde el Gobierno socialista, el ministro de Justicia, López Aguilar, lo calificó como un “episodio natural” porque no caben discrepancias con el fiscal general. Desde la oposición, el PP declaró que era un “escándalo” que se cesara a Fungairiño y resaltó la labor de lucha contra el terrorismo. Además se acusó al Ejecutivo de Zapatero de intervencionista. El fiscal jefe encontró apoyo en los miembros de la Asociación de Fiscales, que se manifestaron en desacuerdo con la labor de gestión de Conde-Pumpido. Por su parte, partidos políticos como Izquierda Unida y ERC se manifestaron contentos de esta renuncia, ya que consideraban que Fungairiño era demasiado parcial y no tenía la solvencia necesaria que se requería para su puesto. Fungairiño participó en casos tan conocidos como el atentado de Hipercor o el asesinato del Comandante Ynestrillas y fue objetivo de ETA, que llegó a enviarle un paquete bomba. El Fiscal General Conde Pumpido argumentó su decisión de pedir la renuncia a Fungairiño porque estaba en desacuerdo con su postura ante las excarcelaciones de terroristas, entre otros asuntos. De ‘Txapote’ a Otegi Los juicios que han tenido lugar durante este año contra Javier García Gaztelu Txapote, uno de los etarras que acumula más condenas a sus espaldas, han sido otra ocasión para medir el pulso entre la justicia y la política. En 2005 fue entregado por Francia, donde ya cumple condena para que se le juzgase por ocho crímenes cometidos por el miembro de ETA. Durante este año, García Gaztelu se ha enfrentado en más de seis ocasiones a los juicios y ha mantenido una actitud altiva y arrogante, negándose incluso a declarar y arremetiendo contra los familiares de las víctimas, presentes en las salas. Txapote fue el autor del secuestro y asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, uno de los crímenes que más ha conmocionado a la sociedad española. Fue condenado, junto con la etarra ‘Amaia’ a 50 años de cárcel y la prohibición de acercarse a Ermua durante cinco años tras su excarcelación. Además García Gaztelu acumula 30 años por el asesinato del dirigente popular Gregorio Ordóñez en 1995 y 82 años por el del dirigente socialista Fernando Múgica en el 96. También se le ha juzgado por la muerte del sargento de la policía municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo y el asesinato del concejal del PP de Rentería José Luis Caso, en 1997, del que resultó absuelto por falta de pruebas. Txapote es considerado uno de los criminales más sanguinarios y fríos de ETA y en muchas de las sentencias dictadas en su contra se alude a la total falta de arrepentimiento y su nula posibilidad de reinserción. Las condenas de Txapote provocaron muy diversas opiniones entre los políticos de la oposición, que en muchos casos las consideraron insuficientes. Por su parte, el dirigente de Batasuna y portavoz de la izquierda abertzale durante el reciente proceso de paz, Arnaldo Otegi, también acudió en numerosas ocasiones a los juzgados. Ya ha entrado en la cárcel por delitos de pertenencia a banda armada, exaltación del terrorismo y la colaboración en la financiación de ETA. En su último juicio dirigido por el juez Garzón, Arnaldo Otegi eludió la prisión tras depositar la fianza de 50.000 euros que solicitó el magistrado. En el sumario se investiga la supuesta financiación de la banda terrorista ETA a través de las “herriko tabernas”. Desde el Partido Popular consideran probada su pertenencia a la banda terrorista y no han dejado de solicitar medidas que impidan a Otegi actuar como representante político. Todo esto a la espera de que el Tribunal Supremo determine si mantiene la designación de “terroristas” para las organizaciones juveniles Haika y Segi continuadoras de Harrai, una decisión que el Alto Tribunal ha aplazado en diversas ocasiones.