ETA

Una negociación marcada por la permanente situación de bloqueo

Por Antonio Pérez6 min

España30-12-2006

La interrupción del alto al fuego viene precedida de varios meses de incertidumbres y diferentes movimientos en los que las distintas posturas se han visto cada vez más enconadas. La falta de una estrategia clara y el continuo tira y afloja entre el Gobierno y la banda terrorista ETA han sido la tónica dominante en un proceso en el que ambos agentes han utilizado a los medios para lanzarse mensajes de manera pública.

En marzo de 2006 ETA hizo público un comunicado en el que decretaba un alto el fuego permanente con el objetivo de iniciar un proceso de negociación con el Gobierno central y entre las diferentes fuerzas políticas para llevar a una solución que, entonces, consideraban posible. La decisión vino precedida de algunos guiños lanzados desde la izquierda abertzale, personificadas en el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que dejó entrever la posibilidad de encauzar el conflicto por la vía democrática en un mitin celebrado en el velódromo de Anoeta. Tras los atentados del 11-M en Madrid y la victoria del PSOE en las elecciones generales, José Luis Rodríguez Zapatero cogió el guante lanzado por Batasuna, que le envió diversas misivas instándole a ser el “Tony Blair español”, en alusión al fin del terrorismo del IRA en el Reino Unido. El presidente del Gobierno solicitó el aval del Congreso de los Diputados en mayo de 2005, que contó con el respaldo de todos los grupos salvo el PP, para emprender acciones de diálogo con ETA teniendo en cuenta el nuevo contexto del terrorismo internacional, las intenciones manifestadas por el entorno de la banda y la ausencia de víctimas mortales durante casi tres años en aquel momento. Como requisito indispensable, el Ejecutivo propuso que las negociaciones se llevaran a cabo en un clima con ausencia de violencia. Una vez obtenido el beneplácito de la Cámara y habiendo dado muestras de la intención de lograr un acuerdo, Rodríguez Zapatero afirmó en febrero de 2006 que se aproximaba “el inicio del fin de la violencia”, algo que encendió todas las alarmas. Poco tiempo después, en marzo del mismo año, ETA respondió a la iniciativa con un alto el fuego permanente, usando la misma terminología empleada por el IRA en los meses previos al fin definitivo del terrorismo en Irlanda del Norte. Mientras la esperanza y la confianza en el proceso llegaba a la sociedad –excepto al PP, que desde el comienzo cuestionó la viabilidad de la propuesta-, empezaron a surgir las primeras desavenencias entre los agentes implicados. El Ejecutivo se mostraba optimista, pero los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de que determinados empresarios vascos estaban recibiendo cartas de extorsión de ETA, que les exigía el pago del denominado impuesto revolucionario. Como respuesta, el Gobierno se mantuvo a la espera de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado verifiquen si la intención de abandonar la violencia por parte de la banda terrorista es real, un extremo que se confirmó en varias ocasiones. Las exigencias de la izquierda abertzale En el inicio del alto el fuego, Batasuna advirtió que sería necesaria, de manera paralela a las negociaciones entre el Ejecutivo y ETA, la creación de una mesa de partidos de todas las fuerzas políticas vasca que decidiera, en primer lugar, cómo se iba a desarrollar el encauzamiento del conflicto y que, en última instancia, llevara a cabo la solución adoptada. Mientras continuaba el proceso, ETA fue mandando mensajes desde el diario afín Gara, en el que ya antes de verano anunciaba que no aceptaría “el actual marco” si no había cambios de tipo político. Al igual que la banda, Batasuna también fue incrementando sus exigencias y sus advertencias al Gobierno sobre el posible bloqueo del proceso. En este sentido, la posibilidad de que Navarra se anexionara al País Vasco –aspecto defendido por el dirigente de Batasuna Pernando Barrena- y el “derecho a decidir” de vascos y navarros fue aumentando las diferencias entre las distintas partes. En el mes de junio, Rodríguez Zapatero reiteró su voluntad de mantener contactos con la banda y autorizó el inicio del diálogo, pero el verano supuso un nuevo golpe al proceso. La Justicia española detuvo a una docena de miembros de la banda en ese mismo mes, algo que añadió tensión a la ya de por sí complicada situación. En julio los socialistas vascos, ante los nuevos obstáculos que aparecen en el proceso, dieron un golpe de mano y se reunieron públicamente con Batasuna, advirtiendo de que deberán asumir los requisitos mínimos para participar democráticamente en el proceso, lo que significa aceptar la Ley de Partidos, algo que la izquierda abertzale considera inaceptable. El Partido Nacionalista Vasco también se reunió con Batasuna y, a pesar de los contactos, la kale borroka comenzó a reaparecer en el País Vasco al final del verano, debido en parte al inicio de la huelga de hambre por parte del preso De Juana Chaos. El aumento de la violencia callejera y la reaparición de ETA Junto con el aumento de la violencia callejera –y paralelamente las prohibiciones de manifestaciones y los juicios a diversos etarras en la Audiencia Nacional en los que se puso en relieve que no todos estaban dispuestos a abandonar las armas-, a finales de septiembre se hizo público un acto el día del “guerrero vasco” en el que varios encapuchados instaron a los asistentes a continuar con la lucha armada. Ya en el pasado mes de octubre, este extremo se vio confirmado con el robo de 350 pistolas en Francia por parte de ETA, que alertó al Gobierno sobre las intenciones de la banda. Pocos días después, se anunció la captura de diversos miembros de la banda también en el país galo y la desarticulación de su aparato logístico. La nueva situación, junto a las constantes advertencias de Batasuna y la postura de los simpatizantes abertzales, que pedían la puesta en libertad de De Juana Chaos y el acercamiento de presos, hizo que ETA, en un nuevo comunicado, exigiera al Gobierno “el cumplimiento de sus compromisos” en noviembre. La banda amenazó, en caso contrario, con romper el proceso de paz. Además, se defendía que, para garantizar la continuidad de la “hoja de ruta”, era necesario la aceptación de Batasuna como partido político, gestos relativos al acercamiento de presos a cárceles del País Vasco y un cese de las detenciones a miembros de la banda, algo defendido desde el inicio del proceso por Otegi. Después de diversos rumores y publicaciones, se hace pública una reunión entre ETA y el Gobierno, aunque el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó que no había “nada relevante” que mencionar. Tan sólo unos días desupés, la Ertainzta encontró un zulo de ETA en Amorebieta (Vizcaya), en el que se hayaron detonadores y material explosivo. Del mismo modo, la Guardia Civil encontró otro zulo en Legorreta (Guipúzcoa). A pesar de esto, el optimismo parecía haber rebrotado después del balance del 2006 que el presidente del Gobierno hizo el pasado 29 de diciembre, en el que aseguró que nos encontrábamos “mejor que el año pasado” y auguró que, dentro de un año, respecto al proceso de paz, estaríamos “aún mejor”. Apenas unas horas después, la desconfianza se instaló en La Moncloa -al igual que en la sociedad- al conocer que ETA atentaba de nuevo y reaparecía explotando un coche bomba en la T-4 del aeropuerto de Madrid.