INTERNET
El Gobierno podrá censurar la Red sin autorización previa de un juez
Por Marta Borrachero Villar
2 min
Comunicación01-01-2007
La nueva ley que prepara el Gobierno se aprobará próximamente y permitirá a la Administración -incluido el Ayuntamiento- cerrar páginas web sin orden previa de un juez. La Asociación de Internautas ha presentado quejas porque considera esta ley anticonstitucional.
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, es el impulsor de esta ley que otorga a la Administración la capacidad de cerrar páginas web sin la autorización previa de un juez. El miércoles día 27 de diciembre, terminó el plazo de alegaciones sobre el proyecto de Ley, que se aprueba con el fin de combatir el phising -intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta- y los consejos médicos no autorizados. Sin embargo, el problema que encierra dicha ley es que cualquier autoridad administrativa y el Gobierno pueden cerrar cualquier página web sin orden previa de un juez. El borrador de reforma de la Ley de la Sociedad de la Información impulsado por el Gobierno pretende otorgar competencias genéricas y poco delimitadas a los órganos administrativos en materia de eliminación de contenidos y clausura de páginas web en Internet. Los internautas han presentado alegaciones a este anteproyecto de Ley. El problema es que, según la Asociación de Internautas, en el anteproyecto de ley que ha redactado el Gabinete del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se "insinúa que tanto un órgano administrativo como un órgano judicial podrían tener competencias para ordenar que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos". De ser así, el artículo 11 de este anteproyecto sería anticonstitucional, ya que el punto 5 del artículo 20 de la Constitución española, referente a la libertad de expresión, determina que "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial". Según el presidente de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), Antonio Farriols, el polémico artículo 11 de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información "forma parte de un paquete de medidas, algunas de ellas europeas (como la retención de datos...) que suponen un asalto a las libertades individuales, y ahí hay que estar vigilantes, porque para luchar contra el terrorismo y la criminalidad las armas ya están tipificadas". "No se pueden convertir las leyes en un conjunto de excepciones", matizó.