PINOCHET

Garzón asegura a la hija de Allende que investigará la fortuna del dictador

Por Angie Rigueiro2 min

España14-12-2006

El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, promovió el arresto contra Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato. Garzón intentó que el ex dictador fuera juzgado por los crímenes de su dictadura, pero su deseo no se cumplió, ya que el ex dictador falleció sin rendir cuentas con la justicia. No obstante, el magistrado no considerará este caso como terminado e investigará la fortuna de Pinochet.

La diputada socialista chilena e hija del ex presidente Salvador Allende, Isabel Allende, mantuvo una reunión de carácter privado con Garzón. El juez le confirmó que, a pesar de la muerte del ex dictador chileno, el Juzgado Central de Instrucción numero 5 no dejará de investigar a la esposa y al secretario personal de éste, por la supuesta apropiación indebida de cerca de 30 millones de dólares depositados en el Banco Riggs, en Estados Unidos. Pinochet falleció a los 91 años en un hospital de Santiago de Chile en el día Mundial de los derechos Humanos. Curiosamente se enfrentaba a casi 300 sumarios por violación de los derechos humanos y por delitos económicos. El ex dictador, que gobernó con mano dura durante 17 años entre 1973 y 1990, murió sin ser juzgado por estos delitos. No tuvo un funeral como otros ex presidentes. No hubo duelo de tres días y sólo fue honrado por el Ejército, en su calidad de comandante en jefe benemérito. El Gobierno, encabezado por Michelle Bachalet, decidió privar al ex dictador de honores de Estado. Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra Pinochet por asesinar y torturar a ciudadanos españoles durante su dictadura, y por crímenes de Lesa Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia. Durante el régimen que encabezó el ex dictador, unas 3200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1192 permanecen como detenidos o desaparecidas, más de 28.000 fueron torturadas y 300.000 tuvieron que exiliarse por razones políticas. Según Allende, tras la detención de Pinochet por orden de Garzón "hubo mucha más toma de conciencia de que los crímenes más graves no pueden quedar impunes". A pesar de que miles de chilenos salieron a la calle para festejar el óbito, Allende se lamentó de que todavía primaran los argumentos de su defensa, que decían que Pinochet sufría una demencia senil que le impedía ser juzgado. La diputada socialista lamentó en nombre de las víctimas, por los familiares, y por el propio Estado de Derecho que a pesar de que “los tribunales chilenos establecieron que existían serias presunciones contra Pinochet, nunca se llegó a una sentencia condenatoria”.