IRAQ
El asesinato de un civil lleva a ocho militares de EE.UU. a los tribunales
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush
Por Salva Martínez Más
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Internacional25-06-2006
El coronel Stewart Navarre anunciaba el pasado miércoles el último escándalo militar estadounidense en Iraq: “siete soldados de infantería de marina y un miembro de la Armada han sido acusados de rapto, asesinato y conspiración en relación con la muerte de un civil iraquí en Hamandiya, Iraq”.
El crimen data del pasado mes de abril. Según la versión de los investigadores, interpelados en su día por civiles iraquíes para que realizaran las pesquisas pertinentes, los siete marines y un médico de la Armada andaban tras la pista de un individuo sospechoso de ser miembro de la insurgencia iraquí. No lo encontraron en la ubicación que les fue indicada, pero esto no impidió que los soldados entraran en una casa de las inmediaciones elegida al azar. Allí encontraron a Hashim Ibrahim Awad, un inválido de 52 años. Tras llevarlo lejos de su hogar para someterlo a un interrogatorio, dispararon sobre Hasmin, matándole, sin olvidar, antes de abandonar el lugar de los hechos, dejar al lado del cadáver un fúsil de asalto AK-47 para que pareciera un insurgente. Aunque todavía está por probar cuánto de verdad hay en esta versión de los hechos, las evidencias recogidas durante la investigación preliminar por los investigadores que acusan a los ocho soldados estadounidenses han hecho posible que el caso avance y se pueda proceder a la realización de una investigación criminal. “Se trata del mayor número de marines acusados de asesinato en tiempos de guerra”, según señalaba Tom Bowman, el reportero en el Pentágono de la National Public Radio. “El número de acusados sólo es comparable a los cinco militares procesados durante la guerra de Vietnam por la masacre cometida en Son Tang”, recordaba Bowman. Este supuesto desmán se suma a los ya reconocidos de la cárcel de Abu Ghraib, donde miembros del Ejército estadounidense torturaron a los presidiarios durante la guerra de 2003, los de la localidad de Haditha, en la que soldados estadounidenses vengaron la muerte de un compañero asesinando a 24 civiles desarmados entre los que se cuentan mujeres, niños, y ancianos; y a los recogidos en los informes del Pentágono presentados a la opinión pública hace dos viernes. Uno de esos informes, el que trata sobre las operaciones de las fuerzas especiales estadounidenses en Iraq entre 2003 y 2004, firmado por el general Richard Formica, sostiene que el Ejército de EE.UU. alimentó con pan y agua a parte de los iraquíes sometidos a interrogatorios durante más de 17 días, una forma de actuar que la propia institución castrense norteamericana reconoce como “inapropiada”. Aún así, en el Pentágono entienden que ese trato inapropiado no es ilegal y de ahí que ningún miembro del personal militar haya sido castigado tras las pesquisas de Formica. Pero el Pentágono no comparte esta conclusión con la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), la ONG que solicitó dicha investigación. Según Amrit Sing, de la ACLU, el Pentágono ha “blanqueado” la realidad en sus informes.