EDUCACIÓN RELIGIOSA

La UE analizará la situación de los profesores de religión españoles

Por Javier Bragado2 min

Sociedad15-09-2001

Durante las últimas semanas se han divulgado los casos profesoras de religión "no renovadas" por no seguir los preceptos y requisitos que les marcaba la Iglesia católica. Al hilo de estos hechos han surgido diferentes denuncias acerca de la actual situación de los profesores de religión en España.

El presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa, Luis Guridi, denunció la semana pasada que la Iglesia cobra "un impuesto revolucionario del que depende nuestro futuro trabajo". Según esta federación, varios profesores deben donar entre el 0,6 y el 1 por ciento de su sueldo a la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española asegura que se trata de un "fondo común voluntario". El obispo de Canarias, Ramón Echaren, afirma que esta situación se da en su diócesis porque "en asamblea y por unanimidad, los profesores aprobaron entregar 8.000 pesetas al año de los más de cuatro millones que reciben los de secundaria, y 6.000 pesetas al año de los más de tres millones que reciben los de primaria para sostener una parte de los gastos de nuestro secretariado". Según el delegado episcopal de Enseñanza en Las Palmas de Gran Canaria, Hipólito Cabrera, los pagos se basan en un acuerdo de 1982. Comisiones Obreras ha decidido presentar un recurso ante la Comisión Europea. El sindicato de trabajadores se basa en la Directiva Europea 2000/78 de 27 de noviembre, sobre el establecimiento de un marco legal para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Según ésta, se prohíbe discriminar en el ámbito laboral "por motivos de religión o convicciones" aunque reconoce excepciones cuando "constituya un requisito profesional esencial y determinante, cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado. Dichas circunstancias deberán figurar en la información que facilitarán los Estados miembros a la Comisión". Según el sindicato, el Estado español no ha comunicado esta singularidad y tampoco ha dejado defenderse a los profesores. Durante su comparecencia en el Senado, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, defendió la situación porque "parece de todo punto razonable que no sea el Estado, que es aconfesional, el que tenga que intervenir en la determinación de si unos requisitos son o no válidos con los principios de cada doctrina". El senador socialista Diego Asensio recriminó a la ministra que "una vez conocida la violación de derechos constitucionales, corrija dicho acuerdo". El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, viajará esta semana al Vaticano para tratar "una revisión completa de las relaciones bilaterales".