AYUDAS
El Estado indemnizará a las familias de víctimas españolas en el extranjero
Por Alberto Pequeño Salgueiro
1 min
España02-12-2004
El pleno del Congreso ha aprobado un real decreto ley para compensar a los militares que colaboren en acciones internacionales de paz y seguridad. De momento, un total de 109 familias se verán beneficiadas por ésta iniciativa. Entre ellas, las de los agentes del CNI asesinados en Iraq y las del Yakovlev accidentado en Turquía.
La medida fue aprobada por unanimidad en el Congreso e irá a parar a todos aquellos que desempeñen misiones de paz y seguridad en el extranjero. Se han fijado 140.000 euros por fallecimiento, de lo que se beneficiarán un total de 109 familias españolas, y 390.000 euros por gran invalidez, que irán destinados a un guardia civil español afectado por éste problema. Los militares, policías, guardias civiles, funcionarios, periodistas, cooperantes y religiosos serán los principales beneficiados de esta iniciativa, que se asemeja a las compensaciones que reciben las víctimas del terrorismo. La medida, siempre bajo la supervisión de los ministerios de Defensa e Interior, compensará de momento a más de un centenar de familias de víctimas españolas en el extranjero. Entre ellos se encuentran 91 familias de militares, incluidas las del Yakovlev accidentado en Turquía, así como tres diplomáticos y siete periodistas que perdieron la vida en distintos conflictos armados. Estos son los casos también de José Couso, Julio Fuentes, Ricardo Ortega y Manuel Gil, entre otros. Hay que añadir también la aportación de 390.000 euros para un guardia civil por gran invalidez. Las indemnizaciones que afectan a este decreto incluyen el fallecimiento, la gran invalidez, la incapacidad permanente total o absoluta, la incapacidad permanente parcial y lesiones permanentes o invalidables. Paralelamente a estas medidas, el Ministerio de Defensa ha cancelado el contrato de seguro de 450.000 euros que disfrutaban sua antecesores en el cargo. Se trata de un acuerdo vigente en España desde 1991. Ahora, el Gobierno socialista investiga la posibilidad de que el caso afecte también a otros departamentos como el Ministerio de la Presidencia.