CARBURANTES
La UE declara ilegales las ayudas a la agricultura por la crisis del 2000
Por Raquel Ibáñez
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Economía14-11-2004
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha desestimado un recurso presentado por el Gobierno español contra una decisión de la Comisión Europea del 2002. En ésta se pedía a España que anulase y recuperase parte de esas dotaciones que se ofrecieron a los agricultores en compensación por los altos precios de los carburantes.
Los carburantes subieron en el 2000 un 47 por ciento. Ante este incremento espectacular, España decidió tomar medidas excepcionales: el Gobierno concedió ayudas por valor de 342 millones de euros a los agricultores y pescadores afectados por el encarecimiento de carburantes. Las dos medidas censuradas dos años después por la UE fueron las ventajas fiscales en la transmisión de fincas rústicas y la bonificación de préstamos y garantías a los titulares de las explotaciones agrarias. España impugnó la decisión de Bruselas, aunque sin éxito. Ahora, los jueces comunitarios han desestimado el recurso presentado por el Gobierno español. A pesar de que el Ejecutivo alegó que estas bonificaciones no favorecían a los agricultores que compraban tierras, sino a los vendedores, el Tribunal de Luxemburgo cree que esta medida constituye un “alivio” que beneficia a determinadas empresas. Además, en Europa se considera que estas medidas afectaban a los intercambios entre los países de la UE. El Gobierno español tratará de evitar que los agricultores tengan que devolver estas ayudas. Así, la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, afirmó que su primer objetivo es intentar que la sentencia del Tribunal no repercuta en el sector, al tiempo que calificó la situación de “bastante grave”. Además, Espinosa añadió que las últimas medidas adoptadas por su departamento -150 millones de euros para paliar los efectos de esta última subida del crudo en la agricultura- se han adoptado de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria. Según la ministra, por esta razón “no se pueden atender determinadas demandas de organizaciones, porque entraríamos en un proceso similar al del año 2000”.