CONSEJO DE MINISTROS
Mas de 6.000 nuevos efectivos policiales combatirán la inseguridad ciudadana
Por Ana María Riaza
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España23-02-2003
El reparto de puestos de trabajo dentro de la Administración Pública tendrá mayor peso en los empleos relacionados con la manutención de la seguridad civil. Así lo decidía la pasada semana el Gobierno de José María Aznar, que ha destinado hasta 6.700 plazas de nuevo empleo para los funcionarios en seguridad.
Serán 4.275 los nuevos puestos en la Policía, y 2.432 en la Guardia Civil. Estas son las cifras aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes en la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Gobierno para 2003. De este modo, el Ejecutivo pone en consonancia con el incremento de puestos en la Administración Pública, no ya los Presupuestos Generales previstos para este año 2003, sino también la promesa electoral del Partido Popular de reducir los crecientes índices de delincuencia en ciudades como Madrid o Barcelona. La lucha contra el terrorismo se presentaría como segundo factor de influencia a la hora de destinar y distribuir los nuevos puestos de empleo dentro del sector público. De este modo, el total de nuevas plazas de empleo aprobadas por el Estado para este año asciende a un total de 21.197, casi un 20 por ciento más que en 2002, estableciéndose como la oferta estatal de empleo más alta de los últimos diez años. Además, y dejando a un lado el incremento de efectivos policiales, las nuevas incorporaciones se polarizarán en torno a los campos de la investigación y el medio ambiente, así como de los departamentos de atención al público, o las actividades destinadas a la lucha contra el fraude o al control del gasto público. Por otra parte, el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, presentó el pasado jueves ante el Consejo de Ministros el Real Decreto que establece la creación de nuevas bases de datos de carácter electrónico que dispensarán a los ciudadanos del conocido como “papeleo”. A partir de ahora, servicios sociales como los ofertados por la Agencia Tributaria o la Seguridad Social dispondrán de mecanismos internos que favorecerán el traspaso informático de documentos entre las distintas administraciones, librando así al ciudadano de tener que presentar él mismo los documentos en papel requeridos para cada trámite.