PACTO LOCAL
Nuevas responsabilidades para las alcaldías del siglo XXI
Por Ana María Riaza
2 min
España02-02-2002
“El Estado en el siglo XXI. Nuevas responsabilidades” fue uno de los cuatro textos propuestos por el Gobierno de Aznar para nueva política en los próximos diez años. Aún siendo una de las ponencias de menor importancia, el asunto sobre el Pacto Local ha tenido mayor trascendencia de la que se esperaba.
El proyecto popular propone una descentralización del Gobierno que permitiría la transferencia del poder autonómico al poder local. Este trasvase supondría un reajuste del apoyo gubernamental a los Ayuntamientos municipales, con el consiguiente establecimiento de un nuevo modelo de financiación local. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. El secretario de Ciudades y Política Municipal del partido socialista (PSOE), Álvaro Cuesta, señaló la falta de concreción en la propuesta popular, así como de soluciones respecto a la financiación local necesaria en el traspaso de competencias. “Un acuerdo que no contempla la financiación es un acuerdo que no sirve para nada”, sentenciaba Cuesta, que, no obstante, acordó como necesario el futuro desarrollo del Pacto Local, no sin antes resaltar que el partido socialista no “tolerará” la subida de impuestos o la reducción de servicios públicos como válvula de escape. Visión que fue secundada por la dirección Federal de Izquierda Unida (IU) días después. La controversia llegó de la mano del secretario general del partido socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, al supeditar la puesta en marcha del Pacto Local a que el Ejecutivo olvide la Ley de Calidad de la Enseñanza, que supondrá la reforma de la educación secundaria. Pío Cabanillas, ministro portavoz del Gobierno, rechazaba las exigencias del líder socialista, y declaraba que “no es bueno poner condiciones previas a un pacto de Estado”. Por su parte, los representantes de las diferentes comunidades autónomas han mostrado su preocupación ante la posible insuficiencia financiera de los municipios. Además, las diferentes autonomías secundaron la propuesta socialista sobre la reforma de la ley electoral, de modo que ésta permita la elección directa de los alcaldes, tal y como manifestó el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, el pasado viernes. El proyecto ha quedado abierto a todas las formaciones políticas interesadas, incluyendo a los nacionalismos de CIU y PNV.