CHILE
Garzón pide que continúen los procesos contra Pinochet
Por Marta Aguilera Jiménez
2 min
Internacional13-12-2006
El juez de instrucción de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien desencadenó la detención del general Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, subrayó el pasado lunes en la Cadena Ser que las acciones judiciales iniciadas en España y Chile contra el ex dictador “deben continuar” porque las “víctimas, no lo fueron sólo de Pinochet sino también de otros militares y no militares”.
Baltasar Garzón lamentó que a pesar de los grandes avances experimentados por la Justicia chilena en los últimos diez años, “la lentitud” de los procesos no haya dictado una sentencia condenatoria contra el militar. La diputada socialista chilena Isabel Allende, hija del difunto presidente Salvador Allende, también sintió que los juicios no hubieran dado una sentencia condenatoria. A pesar de ello, Allende mostró su confianza en que la Justicia de su país continúe. “Ha muerto Augusto Pinochet, el general que traicionó su juramento, que traicionó al presidente Allende”, sentenció la diputada, para quien la mejor herencia que se pude dejar a las futuras generaciones es “nunca más un golpe de Estado, nunca más romper el orden constitucional democrático, nunca más violaciones de los Derechos Humanos”, declaró en su reciente visita a España. Calvario judicial La persecución judicial del ex dictador chileno comenzó en octubre de 1998, cuando fue detenido en una clínica londinense por petición de Baltasar Garzón. Entre las acusaciones a las que se enfrentaba había muchas por delitos de lesa humanidad, como torturas y desapariciones, y un caso de corrupción. Pinochet estuvo detenido en la capital británica durante 503 días y fue puesto en libertad por razones humanitarias. Sin embargo, al llegar al territorio chileno debió responder por acusaciones de genocidio, secuestro y homicidio. A partir de su detención en Londres comenzaron sus problemas con la Justicia internacional y chilena, que determinó que Pinochet había depositado al menos 27 millones de dólares en cuentas secretas en el extranjero producto de flagrantes desvíos de fondos públicos. Por este motivo, se enfrentaba a un proceso por evasión tributaria y falsificación de pasaportes. En agosto de 2000, la Corte Suprema le retiró el fuero para que afrontase las acusaciones que lo responsabilizaron por la Caravana de la Muerte (75 casos de homicidio y secuestro), una misión militar que recorrió el país para acelerar juicios y ejecuciones de opositores políticos en 1973. Estas acusaciones le costaron su primer arresto domiciliario en diciembre de 2000 por el juez chileno Juan Guzmán. Este caso fue cesado finalmente después de que los tribunales consideraran que el ex dictador presentaba una demencia senil que le impedía defenderse. Pinochet, que murió el pasado 10 de diciembre -día internacional de los Derechos Humanos- por una grave descompensación tras sufrir un infarto, tuvo que responder ante la Justicia por crímenes, desapariciones y torturas ocurridos a lo largo de sus 17 años de dictadura, pero nunca fue condenado. Desde el pasado 27 de noviembre, el general se encontraba bajo arresto domiciliario en el marco de un proceso judicial por el asesinato de dos opositores políticos en 1973. El juez Alejandro Solís, de manera simultánea, seguía adelante un proceso judicial en contra del fallecido ex gobernante por torturas, secuestro y asesinatos en la Villa Grimaldi, el mayor centro de torturas de la dictadura militar chilena. El ex militar, cuya férrea dictadura dejó un saldo de 3.196 víctimas, murió sin que se hiciera pública una sentencia condenatoria por torturas, secuestro y asesinatos.