AYUDAS

La financiación, ‘fleco’ suelto de la futura Ley de Dependencia

Por Gema Diego2 min

Economía31-07-2005

Cada uno tendrá que arrimar el hombro según la parte que le toque: el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos e incluso los beneficiarios deberán costear una parte del coste de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, una iniciativa del Gobierno socialista que comenzará a discutirse el próximo otoño en el Congreso.

Según el Libro Blanco de la Dependencia, que presentó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el pasado 20 de enero, “existe una laguna de protección que afecta a personas que precisan del apoyo de otras para realizar actividades básicas” y “la sociedad y los poderes públicos tienen la obligación de prestar apoyo” para descargar a las familias y a las mujeres “de una parte del ingente trabajo que ahora realizan en solitario y con grandes sacrificios”. Más de un millón de personas se hallan en situación de dependencia en España, y sólo el 6,5 por ciento de ellas cuentan con la ayuda de los servicios sociales para sobrellevarla. El coste de extender la ayuda a todos los que la requieran puede oscilar, según la dureza de los criterios de asignación, entre los 4.500 y los 9.000 millones de euros. La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, ha adelantado que las encargadas de soportar la gestión de este nuevo sistema serán las regiones. “Habrá tres opciones: red de servicios; prestación económica vinculada, que significa comprar el servicio, y apoyo informal, que supone ser atendido en el entorno familiar. Las comunidades gestionarán en exclusiva estas prestaciones y podrán escoger entre gestión pública, privada o concertada”, ha declarado. Lo menos claro de este futuro proyecto de ley es el nombre del arca de donde saldrá el dinero que lo soporte. Valcarce y el propio Caldera han sugerido la posibilidad de recurrir a los impuestos especiales –los que gravan el alcohol y el tabaco-, reasignar gastos de la Seguridad Social y encontrar recursos públicos adicionales. Además de estas posibilidades, hay otra que suena con fuerza: la del copago. De esta forma, los beneficiarios del servicio habrían de aportar una parte de éste, que se calcularía de acuerdo con la renta del perceptor. Valcarce ha matizado que, en estos casos, sólo se tendrán en cuenta los ingresos del dependiente y no la riqueza de su familia. Aun así, la definición exacta de las fuentes de financiación llegará con la caída de las hojas.

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