CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Estrasburgo da la razón a una valenciana que se quejaba del ruido de su barrio
Por Sandra Carretero
2 min
Sociedad17-11-2004
Pilar Moreno Gómez es una valenciana de 56 años que lleva la mitad de su vida luchando porque la justicia reconozca que en su vivienda se violaban sus derechos fundamentales. Esta mujer ha tenido que convivir durante más de 30 años con unos insoportables ruidos que en ocasiones excedían los 100 decibelios, cuando por ley no pueden superarse los 65 y según la Organización de Derechos Humanos, los 45 decibelios.
Desde entonces, Pilar tuvo que aprender a sobrevivir a base de somníferos que le ayudaran a olvidarse del insomnio y de los graves problemas de salud que más de 100 discotecas y bares producen en el barrio de San José, en Valencia, donde reside la demandante. Tras un largo periplo judicial que ha pasado por el Ayuntamiento de Valencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o el Tribunal Constitucional, su caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que finalmente ha condenado a España a indemnizarle con 3.800 euros por "la pasividad de la Administración ante el jaleo nocturno" y además el Estado tendrá que asumir los 4.500 euros de costas judiciales. Aunque el Tribunal de Estrasburgo ha sido el único que se ha puesto de su parte, Pilar y sus vecinos llevan recogiendo firmas desde que el barrio de San José tomó fama como lugar de ocio y con ello llegó el consiguiente ruido de música, gente, peleas, risas y llantos que hacía que los vecinos no pudiesen descansar durare los fines de semana. Algunos como Pilar, además de poner en sus viviendas doble cristalera, que no consiguió aislar la casa de ruidos, tuvieron que tomar la decisión de irse a dormir los fines de semana a casa de amigos y familiares. Desde las quejas y las firmas de los vecinos presentadas en el Ayuntamiento, éste no hizo nada y sentenció que el nivel de decibelios máximos se establecía en 65, pero la Policía y los notarios que los vecinos pagaban llegaron a contar más de 100 decibelios. El Ayuntamiento cerró algunas discotecas y prohibió las licencias a otras, pero tampoco se arregló el problema. No es la primera vez que el Tribunal de Estrasburgo da la razón a un español que ha tenido que llegar hasta la más alta instancia que tienen los ciudadanos europeos porque en ningún Tribunal español le reconocían que estaban siendo violados los derechos que se establecen en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al respeto a la vida privada y del domicilio, como fue el caso del murciano López Ostra que tampoco podía descansar por los ruidos que se producían en su casa debido a una zona de copas.