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JUSTICIA

Renovación de instituciones: el parto será en septiembre

Por La SemanaTiempo de lectura2 min
España23-07-2001

Los motivos que esgrimen los partidos para no haber llegado a un acuerdo son diversos y variopintos. El resultado es que, después del Pacto para la Justicia, de que el cuerpo de jueces haya trabajado con diligencia para proponer sus candidatos, y de muchas promesas de despolitización de la Justicia con el nuevo modelo, el resultado vuelve a ser el mismo de siempre: los órganos institucionales no se renuevan a tiempo por intereses políticos.

Los socialistas han acusado a los populares de vetar a sus candidatos, primero, y de doble moral después. Por último, les achacaban impedir la representación en el Consejo General del Poder Judicial de un candidato del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los populares acusaron a los socialistas de irresponsables, de echarse atrás en el último momento después de haber alcanzado un acuerdo global para renovar los cargos de tres instituciones –Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional- y de ser ellos quienes no estaban dispuestos a que hubiera una representación del Partido Nacionalista Vasco en el CGPJ. El presidente José María Aznar también instó a los socialistas a que no intentaran resolver sus problemas internos colocando a ciertos personajes políticos en las altas instituciones, acusación indirecta que ofendió profundamente a los socialistas y que, según ellos, fue importante motivo de que se retiraran del acuerdo inicialmente planteado, y que nunca han llegado a negar que existió. Margarita Uría era la candidata del Partido Nacionalista Vasco al CGPJ. El Partido Popular rechazaba esta propuesta porque Uría es actualmente parlamentaria, y el PP considera que pasar directamente del Parlamento al CGPJ es un elemento que politiza las instituciones. Además, podría provocar recelos en muchos jueces del País Vasco el hecho de que sea una parlamentaria del PNV la que ocupe un puesto en el CGPJ. Fue esta discrepancia la que rompió finalmente la negociación. El caso es que no ha sido posible que el Gobierno viera cumplidas sus expectativas de diligencia democrática –renovar las instituciones en plazo-, y será el otoño el que vea el parto de un acuerdo envuelto en mucha confusión. Tanto Partido Popular como Partido Socialista han alegado argumentos de servicio a la sociedad, de vocación democrática y de responsabilidad hacia la ciudadanía para fundamentar sus posiciones y sus negativas a adoptar finalmente el acuerdo, lo que deja traslucir que unos y otros pueden barajar intereses electoralistas detrás de sus decisiones.