YAKOLEV 42
La Audiencia Nacional toma partido en las investigaciones del Yak-42
Por Alberto Pequeño Salgueiro
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España16-07-2004
Los errores en la identificación de los cadáveres de los militares españoles fallecidos en el Yakolev 42 y los posibles fallos en el transporte son las dos líneas de investigación en las que la Audiencia Nacional se declara competente para investigar. El tribunal de la sección cuarta de lo Penal apela a que la investigación "debe ceñirse a la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas antes y después del siniestro".
Los familiares de las víctimas del accidente aéreo en Turquía del Yakolev 42 han visto cómo las nuevas investigaciones están esclareciendo los posibles errores cometidos antes y después de la tragedia. La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos que presentó la Asociación de familiares afectados contra la decisión de la jueza Teresa Palacios de archivar las denuncias para esclarecer el accidente. La Audiencia Nacional se ha declarado competente para realizar las investigaciones tanto en los problemas que pudo haber en el transporte de los soldados como en la posterior identificación de los cadáveres. Dichas investigaciones revisarán si las certificaciones de defunción que firmaron los generales españoles podrían llegar a ser un delito de falsedad en documento oficial y prevaricación. En una de las líneas de investigación que ejercerá la sección cuarta de lo Penal, las condiciones de vuelo a las que se vieron sometidos los militares españoles, el tribunal depurará las responsabilidades en las que "pudieran haber incurrido determinados funcionarios españoles que debieron llevar a cabo labores de inspección y control dentro y fuera de España en las etapas de contratación y desarrollo del vuelo". Los tres magistrados defensores de la actuación de la Audiencia Nacional en estas investigaciones, Félix Alfonso Guevara, Carlos Orello Bulter y Fernando Bermúdez de la Fuente, se apoyan en la posibilidad de que algunos de los actos que denunciaban las familias de las víctimas pudieron ser cometidos por ciudadanos españoles fuera del territorio nacional. Así, afirman que tanto los errores de "identificación de los cadáveres y el irregular funcionamiento de la comisión de investigación", como las "comunicaciones y el contrato de charter entre las empresas subcontratadas" se desarrollaron fuera de España.