Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

JUSTICIA

El Tribunal Supremo archiva una denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional

Por Cristóbal CabezasTiempo de lectura1 min
España20-02-2004

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) archivó la denuncia que la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) presentó el pasado 2 de febrero contra once de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC), a los que atribuía un supuesto delito de prevaricación. Por su parte, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, acordó no interponer recurso de amparo contra dicha resolución de la Sala Civil del Supremo.

La Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) presentó su “denuncia criminal” justo después de conocer que la Sala Civil del TS había condenado a esos once magistrados del TC a pagar 5.500 euros al abogado de Murcia José Luis Mazón por negligencia al resolver las peticiones de Mazón. Sin embargo, la Sala Penal del Supremo es precisa: los hechos que denuncia Ainco “carecen de entidad delictiva” y, por tanto, es innecesario siquiera investigar si los magistrados del TC cometieron prevaricación. En primer lugar, el Supremo recuerda que para exigir responsabilidad penal a los jueces y magistrados es necesaria la presentación de una querella, y no, como en este caso, de una “denuncia criminal”. Por otro lado, el Supremo -que rechaza la denuncia de Ainco por unanimidad- asegura que ésta “aparece vinculada directamente con la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo” que, pese a haber condenado a los miembros del TC por responsabilidad civil, no encontró en su comportamiento indicios de conducta delictiva y, por tanto, no dirigió comunicación alguna en tal sentido a la Sala de lo Penal. La Sala Penal del Supremo recuerda que para la existencia de una prevaricación judicial “no basta una mera ilegalidad, producto normalmente de una interpretación errónea, equivocada o discutible de la norma jurídica. Para ello es necesario que la ilegalidad sea tan grosera y evidente que revele por sí misma la injusticia y el abuso”.