ABLACIÓN EN ESPAÑA

Acuerdo unánime en el Congreso para frenar la práctica de la ablación

Por Oscar Casanova2 min

Sociedad20-06-2001

Los inmigrantes que pidan la residencia en España, serán informados de que la ablación es un delito. Así lo acordaron en un texto conjunto que todos los grupos políticos defendieron y votaron unánimemente.

Son ocho medidas que el Congreso exige que adopte el Gobierno, entre las que destaca la que contempla que los inmigrantes que quieran entrar en España deberán asumir que aquí esa mutilación es delito castigado con la cárcel. Todos los grupos políticos pactaron agrupar las seis iniciativas parlamentarias contra la mutilación genital femenina en una. La iniciativa conjunta defiende la puesta en marcha de programas sanitarios, sociales y educativos para "prevenir" estas mutilaciones, pero también insta al Fiscal del Estado a que dé las instrucciones oportunas para que, con la ley actual, se persiga y castigue a los responsables de este delito. Es decir, a los padres de las niñas mutiladas, pues la ablación suele hacerse a menores con edades comprendidas entre los cuatro y los diez años. El argumento para defender la cara penal del acuerdo, según destacó la diputada de CiU Mercé Pigem, es que "contra la libertad e integridad de las personas no puede haber diversidad cultural que valga". Micaela Navarro, en nombre del PSOE, también defendió la iniciativa conjunta, pero advirtió que "condenar la ablación genital femenina no debe de servir para estigmatizar a la población inmigrante". Por eso, defendió primar la información y la formación a las familias de inmigrantes antes que poner el acento en la persecución del delito. El Gobierno deberá también "reforzar la protección" a las mujeres que vengan a España huyendo de su país para evitar, por ejemplo, la ablación de sus hijas. En este sentido, el Ejecutivo se ha comprometido a dar asilo a las niñas que huyen de la ablación. A la pregunta de si España acogerá a las inmigrantes que esgriman el riesgo de la ablación para lograr el permiso de residencia, Enrique Fernández-Miranda, delegado para la Extranjería y la Inmigración, ha respondido: "Por supuesto que atenderemos estos casos. Lo haremos sin duda alguna, aun con todas las dificultades que acompañarán este tipo de peticiones. Estas personas deben ser protegidas. Es una actuación tan brutal que entramos en lo intolerable. Tenemos en nuestra legislación figuras con soporte jurídico suficiente para dar una especial protección y acogida a estas mujeres".