LEGISLACIÓN CONTRA EL TERRORISMO

El Poder Judicial se divide a causa del aumento de penas por terrorismo

Por Ana María Riaza2 min

España05-02-2003

"Que inventen algo". Con estas palabras, el vocal del informe aprobado por la Comisión de Estudios a cerca de las penas por delitos de terrorismo, Adolfo Prego, definía el pasado martes la recién estrenada ductilidad de la propuesta que regulará la imposición de penas por delitos de terrorismo en España.

Con la celebración de un Pleno que se suspendía durante un espacio de casi 45 minutos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobaba con 12 votos a favor -los de los vocales elegidos por el Partido Popular (PP) junto al del presidente y al del independiente Agustín Azparren-, y 10 en contra -los designados por el Partido Socialista (PSOE), Izquierda Unida (IU) y Convergencia i Unió (CiU)-, un informe que ha venido cargado de polémica hasta el último momento. El detonante: el vocal y co-ponente del texto, Adolfo Prego, que, momentos antes de la aprobación definitiva por parte del Consejo, proponía a través de una enmienda de última hora la modificación de uno de los puntos del informe, consensuado por unanimidad por la Comisión de Estudios una semana antes. El retoque -finalmente aprobado por mayoría del Consejo-, supondrá retirar del discurso definitivo una propuesta de supresión dirigida al Anteproyecto de ley esbozado por el Gobierno: el del apartado que hace referencia al cálculo de los beneficios penitenciarios -es decir, a la posibilidad de que los presos obtengan beneficios por buena conducta, tales como la consecución de la libertad condicional-, sobre la totalidad de la pena (que en el caso de un preso etarra puede elevarse a cientos de años de cárcel), y no sobre el límite máximo de 40 años, tal y como se establece para el resto de los presos. Con esta reforma, el bloque mayoritario pretende salvaguardar la esencia constitucional del proyecto, ajustando sus límites a la finalidad rehabilitadora de toda pena carcelaria, establecida por el artículo 25.2 de la Constitución española. Así lo manifestaba Prego en una posterior rueda de prensa, quien explicó que ahora se otorgará mayor flexibilidad al legislador para que "invente" a la hora de conceder un mejor trato a los etarras con posibilidades de reinserción, y quién además propuso al Ejecutivo la búsqueda de «un mecanismo legal que elimine el problema» de la confrontación entre la extensión penal por delitos de terrorismo y los textos de la Constitución, sin necesidad de suprimir en su totalidad el párrafo al que este choque hace referencia.