SCH
La Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra Botín y Amusátegui
Por Javier de la Fuente
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Economía10-11-2002
La Audiencia Nacional de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el presidente del banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y el que fuera copresidente de la entidad hasta agosto del 2001, José María Amusátegui, como presuntos autores de un delito societario en el que se les acusa de disponer fraudulentamente de 43,7 millones de euros, en perjuicio de los accionistas, para compensar a Amusátegui de su salida de la dirección del banco.
La querella ha sido presentada por un accionista de la entidad, Juan Francisco Franco Otegui, abogado de Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto. El caso es similar al denominado caso BBVA, en el que se suscribieron unos planes de pensiones para los consejeros del Banco Bilbao Vizcaya. En el texto de la querella se señala que en las cuentas anuales del SCH del 2001, en el apartado compromisos por pensiones y otros seguros, figuraba una nota que señalaba que el importe total (209 millones de euros), "no incluye 43,75 millones de euros satisfechos con carácter extraordinario y no recurrente", "por lo que podrá entenderse que no han sido abonados directamente al señor Amusátegui, sino que es el coste de una póliza de seguros que cubra bien un seguro de vida o un plan de pensiones externo". A juicio del demandante, la "guerra de poder" entre Botín y Amusátegui se saldó con la salida de este último del banco, a cambio de la suculenta cifra "que se ha cargado a los accionistas del banco". Otegui recuerda que en el momento de la fusión del Santander con el Central Hispano se acordó un "periodo de copresidencia" entre Botín y Amusátegui, y que este último debería jubilarse tras la junta general ordinario del 2002, tras cumplir los 70 años, y no en agosto del año pasado, como así fue. El SCH ha eludido pronunciarse sobre la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios -instructora del caso- de admitir a trámite la querella por presunto delito societario, al no tener constancia de dicho procedimiento.