LEY DE INTERNET

La LSSI deberá ser modificada

Por Arantxa Orusco2 min

Comunicación10-11-2002

El ejecutivo se ve obligado a cambiar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) porque la directiva de privacidad y comunicaciones electrónicas de Bruselas la contradice.

La llamada Ley de Internet, que ha suscitado grandes debates y críticas por parte de los usuarios de la Red, sufrirá alguna modificación. El Gobierno deberá acatar la decisión de la directiva de Bruselas, que considera contradictorios algunos puntos. En concreto, es el referido a la publicidad vía correo electrónico. La ley expone, en su artículo 21, la prohibición de enviar este tipo de correos, denominados spam, a través de la Red si el receptor no lo desea. En cambio, en Europa sí se permite la utilización de la dirección de correo obtenida mediante la venta de un producto o un servicio, siempre que se ofrezca la posibilidad al cliente de oponerse en el momento que precise a este uso. La modificación deberá ser llevada a cabo por el ejecutivo español, ya que empresas como Bufete de Abogados Almeida han manifestado su preocupación ante la LSSI, ya que, hasta que no se cambie la ley, la empresa jurídica puede ser objeto de sanción por enviar e-mails a sus clientes. Las presiones y duras críticas de gran parte de usuarios y del colectivo de la Asociación de Internautas no han resultado efecto alguno, y la “Ley de Internet” entrará en vigor según lo previsto, aunque incluyendo en éste la modificación del artículo 21 por orden de Bruselas. Por otra parte, el Gobierno estudia en un sistema de arbitraje para evitar la desconfianza de los usuarios ante la entrada en vigor de la LSSI. La Ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, señalaba que gran número de ciudadanos muestran su desconfianza, sobre todo hacia las transacciones electrónicas. La cesión de los datos bancarios a través de la Red supone un gran problema para el usuario, que el Gobierno pretende extinguir con la creación de un distintivo que podrán lucir aquellas empresas que ofrezcan sus servicios a través de Internet y acrediten su adhesión al Código de Buenas Prácticas de Consumo. El Ministerio también está considerando la necesidad de reducir, de un año a seis meses, la obligación de almacenar los datos del tráfico en Internet, uno de los puntos polémicos de la LSSI. Esta semana, la UE publicaba una encuesta que colocaba a España en la cabeza de los países europeos en la retención de datos telemáticos. El estudio, encargado por la presidencia danesa de la Unión, inquiere sobre aspectos de la regulación y práctica en el almacenamiento de datos de los usuarios de las telecomunicaciones. Los Gobiernos Europeos, sobre todo el español, que se sitúa a la cabeza, han comenzado a aplicar los principios de retención de datos de tráfico de Internet, previstos por la Directiva sobre Privacidad y Comunicaciones Electrónicas, pese a las críticas de los Comisionados Europeos de Protección de Datos, que consideran la normativa como “una invasión de los derechos fundamentales”.