Cataluña
La Generalitat denunciará a la Guardia Civil por su investigación
Por Javier Álvarez Lago
2 min
España27-07-2017
La Guardia Civil ha interrogado a varias personas en el marco de una operación que investiga presuntas ilegalidades en la comisión de los preparativos del referéndum separatista, ilegal de por sí en su actual forma. Pese a que los agentes realizan estas actuaciones al amparo de la legalidad, cabe destacar que la iniciativa de citarse con estas personas es propia, tal y como se ha querido aclarar desde el Juzgado de Instrucción nº13 de Cataluña, que lleva este caso. La Generalitat considera este hecho como un verdadero atropello.
La Guardia Civil interrogó, el 26 de julio, a Joaquim Nin, secretario de la Consejería de Presidencia de la Generalitat. Un día más tarde, hablaban con agentes de la Benemérita, entre otros, Jaume Clote, director de Comunicación del Govern; y Joan Ignasi Elena, exportavoz de la campaña Pacto nacional para el referéndum. Mientras que el primero ha sido imputado por el delito de sedicción, los otros dos han acudido a instancias policiales en calidad de testigos.
De este modo, la Generalitat ha condenado enérgicamente esta iniciativa de la Guardia Civil. Así, el consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha afirmado que denunciará ante la Justicia "la grave vulneración de derechos fundamentales" que se ha producido no ya al investigar a estas personas, sino al haber llegado al punto estas diligencias de imputar un delito a una de ellas, algo que debería hacer un magistrado. En consonancia con esto, uno de los propios interrogados, Joan Ignasi Elena, ha afirmado que el Gobierno de España utiliza de forma partidista a las autoridades policiales con el objeto de "perseguir y destruir" a la oposición política. Se esperan más interrogatorios para mañana.
Sobre el caso que se investiga, cabe destacar que nació a raíz de una querella presentada por VOX, que pedía a la Justicia investigar ciertas declaraciones del ex-diputado de ERC Santi Vidal en las que decía que la Generalitat escondía partidas destinadas al referéndum a efectos de que estas no fuesen congeladas por el Gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, están en el centro de la investigación la creación de dos páginas web: una que informa sobre el referéndum y otra que se dedica a vender al exterior la imagen de Cataluña que quiere dar la Generalitat.
Asimismo, conviene recordar que el pasado 27 de julio la Mesa del Parlament de Cataluña aprobó la llamada ley de ruptura exprés, por la cual el Govern podrá legislar "de urgencia" de cara a saltarse el normalmente requerido debate parlamentario (que ralentiza a estos efectos el proceso y puede desvirtuarlo al introducir en él enmiendas). Con esta ley lo que el ejecutivo de Carles Puigdemont pretende es tanto ganar más tiempo (con el objetivo de que, cuando el Tribunal Constitucional quiera declarar esta ley inconstitucional ya se haya llevado a cabo su contenido) como evitar que el proyecto se vea paralizado en el Parlament, donde incluso bajo estas premisas será presumiblemente aprobado con una mayoría muy ajustada. A este respecto, cabe destacar que la ley ha sido muy criticada por la oposición catalana, que perderá con ella la posibilidad de opinar sobre el referéndum.