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El Gobierno vasco se querella contra el juez Garzón

Por Cristóbal CabezasTiempo de lectura1 min
España18-10-2002

El Ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) califica de "no contrastadas e injustas" las resoluciones del juez entre las que destaca la suspensión de actividades de Batasuna.

El Gobierno vasco presentó en el Tribunal Supremo su anunciada querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El Ejecutivo autonómico, gobernado por PNV y Eusko Alkartasuna (EA), considera que Garzón podría haber incurrido en un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) en los autos relacionados con la suspensión de Batasuna. En la querella, se afirma que esos dictámenes suponen una "restricción infundada e ilegítima de los derechos de reunión y manifestación", sobre todo a raíz del auto del día 12 de septiembre, con el que el magistrado declaraba ilícita una manifestación de Batasuna y que provocó que el líder de la formación, Arnaldo Otegi, acusara al lehendakari, Juan José Ibarretxe, de "apalear" a miles de vascos por la actuación policial. Entre otras afimaciones, la querella sostiene que en el citado auto no se exponen los hechos o circunstancias de las que se desprende la relación entre "manifestación-ETA-EKIN" y califica de "sorprendente" que se hable de que ETA está detrás de la convocatoria y no se ordene detener a los responsables de la marcha. Por último, solicita que se lleven a cabo una serie de diligencias, entre ellas, la toma de declaración en calidad de querellado del propio Garzón y, como testigos, la de varios convocantes de la marcha. Fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno vasco señalaron que los dictámenes de Garzón son "resoluciones no contrastadas e injustas", que "menoscaban las competencias del Gobierno vasco" y generan "inseguridad jurídica". Por otra parte, el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga, criticó a Garzón por su reciente decisión de investigar si los crímenes de ETA pueden ser considerados delito de genocidio y si las actividades de su brazo político están encaminadas a la limpieza étnica del País Vasco.